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Fundación Esperanza supera las 4 mil atenciones y mantiene cerca de 240 intervenciones directas

Martes 24 de Marzo del 2026

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  • La institución concentra su acción en programas de protección, prevención y reparación, en un contexto de alta demanda por atención especializada a niños, niñas y adolescentes.

Más de 4 mil atenciones mensuales, junto a cerca de 240 intervenciones directas en programas especializados, marcan el alcance de Fundación Esperanza en la región, reflejando la magnitud de la demanda existente en materia de infancia y adolescencia.

La cifra más amplia se concentra en la labor que hasta ahora desarrollaba la Oficina de Protección de Derechos, cuyo cierre está programado para el 31 de marzo en el marco de su traspaso a una nueva institucionalidad. Este dispositivo alcanzaba una cobertura mensual cercana a las 4.000 atenciones, a través de acciones de difusión de derechos y primeras orientaciones, funcionando como una puerta de entrada al sistema de protección.

En paralelo, la atención directa se distribuye en distintos programas especializados que, en conjunto, alcanzan cerca de 240 niños y adolescentes, cifra que puede variar según la demanda. Esta cobertura se sostiene en equipos que operan en Punta Arenas y Porvenir, con derivaciones provenientes tanto de tribunales como de redes como establecimientos educacionales y centros de salud.

Su director ejecutivo, Asterio Andrade, señala que el origen de este despliegue se remonta a la creación de la institución en 1992, impulsada por la Iglesia Católica de Magallanes. “En base a la necesidad de contar con atención a niños y adolescentes que han sido vulnerados sus derechos o han infringido la ley”.

La visión de asistente social

Desde el interior de la institución, la trabajadora social Elisa Faúndez Morales aportó una mirada histórica sobre la evolución de los programas, recordando que su trabajo comenzó incluso antes de la formalización de la Fundación. “Tiene que haber sido el 90-91 cuando yo llegué a trabajar en Punta Arenas”, sostuvo, en referencia a los primeros dispositivos que luego darían paso a la estructura actual.

Con el paso de los años, los programas han experimentado cambios tanto en su denominación como en sus objetivos, en respuesta a modificaciones institucionales y normativas.

Uno de los dispositivos activos es el programa de Acompañamiento Familiar Territorial y Prevención Focalizada en Porvenir, con una cobertura cercana a los 40 casos, todos derivados por tribunales y en condición de protección. A ello se suma el Programa de Prevención Focalizada en Punta Arenas, que atiende a cerca de 80 niños, niñas y adolescentes, incorporando tanto derivaciones judiciales como ingresos desde la red local.

En un nivel de mayor complejidad se encuentra el programa de reparación de maltrato grave y abuso sexual, que aborda situaciones de alta vulneración.

Otro eje relevante corresponde a los programas de Familias de Acogida Especializada, orientados a evitar la internación de niños y adolescentes mediante su inserción en entornos familiares. En estos casos, se prioriza que el cuidado sea asumido por integrantes de la familia extensa, como abuelos o tíos, en situaciones donde los padres no pueden ejercer ese rol.

Duplas psicosociales

El funcionamiento de estos programas se organiza a través de duplas psicosociales, compuestas por profesionales del área social y psicológica, quienes llevan adelante la intervención directa con los casos. “En general, las duplas atienden 25 casos”, apuntó la trabajadora social, detallando que esta carga puede ajustarse dependiendo del programa y del territorio, como ocurre en Porvenir, donde el número es menor debido a las características del contexto.

La alta demanda ha obligado a implementar mecanismos de ampliación de cobertura, permitiendo que los equipos absorban un mayor número de casos mediante refuerzos parciales. Este escenario, según se desprende del funcionamiento interno, es una constante en el sistema de atención a nivel nacional.

En términos de financiamiento, la institución depende mayoritariamente de recursos estatales canalizados a través de Mejor Niñez. Estos fondos se asignan mediante procesos de licitación periódicos, en los que participan distintos organismos colaboradores acreditados.

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