“Los primeros pagos recién se van a reflejar en los estados financieros del año 2030”

• El histórico paquete combina un crédito de 14 millones de dólares con Bid Invest y un préstamo principal, que esta ad portas de ser aprobado, US$ 68,8 millones, destacando condiciones favorables con plazos de hasta 25 años y que incluyen tasas fijas del 1,2%.

La Empresa Portuaria Austral esta a punto de concretar el mayor paquete de inversión de su historia: un financiamiento total de 83 millones de dólares que combina crédito corporativo privado, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) con garantía estatal, recursos del Fondo Verde del Clima y donaciones directas.

El primer componente es un crédito corporativo, sin respaldo estatal, de 14 millones de dólares obtenido con Bid Invest, institución del Grupo Bid dedicada a promover el financiamiento privado y la inversión en América Latina y el Caribe.

La tasa de interés de esta acreencia se calcula sobre la base del indicador SOFR internacional -actualmente en torno al 5,3%- más un diferencial de 1,9 puntos, lo que ubica el costo financiero alrededor del 7,2% anual, nivel que el gerente general de Epa Austral, Miguel Palma Morales califica como competitivo respecto a la oferta de la banca nacional. “No nos estamos endeudando caro. Si uno va al mercado, este crédito es bastante estándar de lo que puedes conseguir en el financiamiento normal”, señaló.

La empresa, cuya capacidad de endeudamiento autónoma fue evaluada en torno a los 20 a 21 millones de dólares, optó por tomar sólo una fracción de ese margen disponible. A este crédito se suma un préstamos tomado con la banca privada por 6,5 millones de dólares destinado a financiar inversiones ya ejecutadas en Magallanes.

El segundo componente, y el más relevante en términos de volumen, es el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) por 68,8 millones de dólares, estructurado en dos partes diferenciadas. La primera, de 38,8 millones de dólares, corresponde al capital ordinario del banco, con condiciones estándar para empresas públicas latinoamericanas: un plazo total de 25 años, con 5 años de gracia, y una tasa de interés fija de 1,2%, significativamente inferior al costo de mercado.

La segunda parte del préstamo Bid, financiada con recursos del Fondo Verde del Clima, es quizás el elemento más singular de toda la operación. Se trata de 19 millones de dólares clasificados como crédito de “alta concesionalidad”, con una tasa de sólo 1,25% anual a 20 años y 4 años de gracia, con cuotas fijas.

A estos créditos se suman dos donaciones: 10 millones de dólares que el Bid entrega sin costo como parte del paquete de asociación, destinados íntegramente a inversión en infraestructura portuaria, y 1 millón de dólares adicional para habilitar un piloto de electromovilidad o uso de hidrógeno verde en las instalaciones. En total, la empresa recibirá 11 millones de dólares que no deberá devolver.

A estos créditos solo les queda la visación de los Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, integrada por todos los ministros de Hacienda o Finanzas de los países socios.

“Los primeros pagos recién se van a reflejar en los estados financieros del año 2030”, añadió Palma Morales.

En paralelo, la empresa mantiene abierta la posibilidad de utilizar un remanente de hasta 7.000 millones de pesos de la autorización de endeudamiento con garantía estatal que el decreto ministerial le concedió por 60.000 millones y que no fue utilizado en su totalidad, dado que las donaciones permitieron reducir la garantía requerida. Sin embargo, la administración descarta activar esa capacidad hasta que no comiencen los pagos del crédito corporativo y mejore la relación de endeudamiento.

“No es amarre”

Así de categórico fue Miguel Palma al relatar el complejo proceso que hubo detrás de la autorización de la garantía estatal por parte del gobierno de Gabriel Boric. La medida se concretó apenas días antes de la asunción de José Antonio Kast, cuya administración inició advirtiendo problemas en el flujo de caja del Estado.

A fines de 2024, en pleno auge de la industria del hidrógeno verde, el Estado autorizó a la portuaria a salir en busca de un crédito por 60 millones de dólares en la banca internacional. El proceso despertó interés de varias entidades, entre ellas el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que financia distintos proyectos en Magallanes. Sin embargo, la empresa estatal optó finalmente por la oferta del Banco Interamericano de Desarrollo, la cual se viene trabajando desde 2025.

¿En qué se gastará
el dinero?

Independiente de que si la industria del hidrógeno verde ve o no la luz, la transformación del muelle Mardones en un puerto, que será financiada con estos dineros, provocaría un encadenamiento productivo poco visto en la región, ya que permitirá aumentar las exportaciones regionales, reducir los costos logísticos para la industria salmonera e incentivar que otras industrias puedan operar en Magallanes. A mediano plazo podría impactar en mayores ingresos para la portuaria, lo que se traduciría en una mayor recaudación para el Estado. Por ley, esta empresa debe entregar parte de sus utilidades al fisco.

Este puerto, explica Miguel Palma, sería distinto a los existentes al otro lado del Atlántico, ya que sería el único capaz de mover cientos de contenedores, a diferencia de Ushuaia, el cual tiene una vocación más turística. Añade que la carrera con Ushuaia también se podría enfrentar con una mayor cantidad de programas antárticos que salgan desde Punta Arenas.

“Mejor infraestructura significa que es posible hacer otras cosas, que la región muchas veces puede ver encarecidos sus costos y dificultar que se detonen ciertas actividades productivas”, agrega.

Actualmente, Mardones durante un 9% del año sus operaciones están restringidas por condiciones climáticas. Pone como ejemplo que, cuando se descargaron las aspas de Hif, producto de las inclemencias, se demoraron 22 días y que esto tuvo un costo para la empresa Ecombustible de 30 mil dólares por día de operación. Dicha faena se tuvo que realizar en paralelo a la descarga de cemento, envío de contenedores y otras operaciones. Estos montos se hubiesen reducido si el muelle contara con un sitio más de atraque. “Es bastante evidente en la temporada (alta) que nos falta capacidad”, asegura el gerente de la portuaria estatal. Palma añade que se debería avanzar en las exportaciones de cargas congeladas.

Plantea que este crédito se da en un contexto de bajo endeudamiento de la empresa, la cual este año termina de pagar la última cuota de un crédito solicitado hace años para realizar inversiones. Esto viene aparejado de ingresos estables y utilidades en los últimos años.

Por ley, la empresa puede suscribir deuda con la autorización del Presidente de la República, en el caso de que esta comprometa el patrimonio de la compañía. La portuaria suscribió dos endeudamientos: uno con garantía estatal y otro sin ella. En este último, el Estado le puso como condición no disminuir los tributos que realiza al erario nacional.

“La idea no es ocupar la garantía del Estado”, asegura Miguel Palma, quien explica que esta se activaría sólo si la portuaria no es capaz de cumplir con sus compromisos de pago. Añade que, para la banca, la existencia de esta garantía reduce el riesgo “porque el Estado va a responder”. “No podemos ir a solicitar financiamiento y embargar nuestros activos”, sostuvo Palma, al explicar por qué el crédito con el Bid tiene esa salvaguarda.