Excoordinadora de la Oficina de la Niñez demanda a la Municipalidad de Porvenir por despido injustificado

• El alcalde Gabriel Parada se limitó a decir que quien echó a la demandante “fue
  la Seremi de Desarrollo Social, no el municipio”, y que no se presta “para ese circo”.

Patrocinada por el abogado Diego Arévalo, la semana pasada ingresó una nueva demanda laboral contra la Municipalidad de Porvenir, representada por el alcalde Gabriel Parada, interpuesta por la ex funcionaria de la Oficina Local de la Niñez (OLN), Angela Negrón Pavéz, “por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de despido, reconocimiento de relación laboral, nulidad del despido, cobro de prestaciones e indemnización por daño moral”. La acción judicial busca resarcir haberes, detallando que ingresó a trabajar el 1 de abril de 2024.

Señala la demandante que desde el primer día trabajó “en condiciones de una funcionaria municipal más, bajo estricta subordinación y dependencia, tenía que cumplir un horario obligatorio de 44 horas semanales (…) recibía órdenes directas, supervisión y control tanto de la coordinadora de Programas y Convenios, Carmen Sekulovic, como de la directora de Dideco, Juana Ovalle, a quienes tenía que pedir formalmente mis días administrativos y vacaciones”.

Dependiente total
del municipio

Agrega que ejecutaba en forma diligente sus tareas, que eran aprobadas por la directora de Dideco, sin embargo, el normal desarrollo de su trabajo se volvió insostenible por el ambiente hostil que propició la contrapartetécnica de la Seremi de Desarrollo Social, con la que tenía convenio el municipio para el quehacer de la OLN, “y la nula protección que recibí de mi empleador”.

Describe que en mayo de 2024 avisó que suspendería temporalmente algunas funciones, porque no habían transferido los recursos del convenio y su equipo estaba sin sueldo. Fue cuando la llamó la coordinadora regional de la Niñez, Andrea Alvarez, “exigiendo explicaciones en tono pasivo-agresivo”, manteniendo un continuo trato hostil a su persona, cuestionando su trabajo mediante llamadas o reuniones virtuales “para no dejar registro escrito”.

Acoso y
estrés laboral

Entre otros hechos, se enteró que la coordinadora regional, Andrea Alvarez, envió un oficio al municipio fueguino el 11 de noviembre, pidiendo su remoción del cargo por una presunta “falta de competencias”. Indicó que su empleador consintió el despido cuando el 23 de diciembre de 2025 la administradora municipal, Valentina Millán, le informó de manera verbal que sus servicios se encontraban terminados al 31 de diciembre. De este modo, a la afectación directa y grave a la salud psíquica y física de la trabajadora Angela Negrón, “derivada de un ambiente laboral hostil, asfixiante y de constante acoso propiciado por la contraparte técnica (Seremi de Desarrollo Social) -indica la demanda- la Municipalidad de Porvenir actuó con total pasividad, negligencia y tolerancia, omitiendo por completo su deber legal de protección”.

La acción interpuesta en el Juzgado del Trabajo de Porvenir aduce “indicios de vulneración de derechos fundamentales, en particular a la integridad psíquica, a la honra, a la vida privada y a la dignidad de la trabajadora, en los términos previstos en el artículo 493 del Código del Trabajo”. Pide al tribunal que declare que su despido es incausado y/o injustificado; pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo; pago de indemnización por años de servicio; pago del recargo legal del 50% por despido incausado y/o injustificado; que se declare la nulidad del despido y se paguen los intereses y reajustes.

Consultado por esta nueva demanda laboral en su contra, el alcalde Gabriel Parada se limitó a decir que quien despidió a la demandante “fue la Seremi de Desarrollo Social, no el municipio”, y que no se presta “para ese circo”.