Volver a clases no basta

El retorno a clases en Puerto Natales, tras la paralización de los asistentes de la educación, trae consigo un alivio evidente para estudiantes, familias y comunidades educativas. Sin embargo, sería un error interpretar este acuerdo como el cierre del conflicto. Más bien, estamos frente a una pausa que deja al descubierto tensiones más profundas en la gestión del sistema educativo y en el vínculo entre trabajadores y autoridades.

La decisión de deponer la paralización, adoptada con amplio respaldo, refleja responsabilidad y compromiso con la continuidad del proceso educativo. Pero también evidencia una realidad preocupante: los conflictos laborales en educación siguen resolviéndose bajo presión, cuando ya han escalado al punto de afectar directamente a los estudiantes. La educación, que debería ser un espacio de estabilidad, se ve así expuesta a la incertidumbre.

En el centro de esta controversia está una demanda legítima, como es el pago de la asignación de salud del 40% correspondiente a un periodo previo a la implementación de los Servicios Locales de Educación. Más allá del aspecto técnico o jurídico, lo que subyace es una sensación de desprotección e inequidad por parte de los trabajadores. Cuando las reglas no están claras o los procesos de transición institucional generan vacíos, los conflictos se vuelven inevitables.

La pregunta que surge entonces es incómoda, pero necesaria: ¿cómo evitar que una situación similar vuelva a repetirse?

En primer lugar, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de diálogo temprano. Las mesas de trabajo no pueden activarse sólo cuando el conflicto ya está instalado. Deben ser espacios permanentes, con capacidad real de anticipar problemas y generar acuerdos vinculantes antes de que las tensiones escalen.

En segundo lugar, se requiere mayor claridad normativa en los procesos de traspaso y administración educativa. La incertidumbre sobre derechos adquiridos, como asignaciones o beneficios, no sólo afecta a los trabajadores, sino que también erosiona la confianza en las instituciones. Aquí, el rol de organismos como la Contraloría es clave, pero también lo es la responsabilidad de las autoridades de prevenir ambigüedades desde el inicio.

Asimismo, es imprescindible avanzar hacia una gestión más transparente y participativa. Los asistentes de la educación cumplen un rol esencial en el funcionamiento de las escuelas, y su voz debe ser considerada no sólo en momentos de crisis, sino como parte estructural del sistema educativo.

Finalmente, no se puede perder de vista el impacto en los estudiantes. Cada día sin clases profundiza brechas y afecta trayectorias educativas, especialmente en contextos más vulnerables. Proteger el derecho a la educación implica también garantizar condiciones laborales justas para quienes hacen posible ese derecho.

El retorno a clases es una buena noticia, pero no suficiente. La verdadera tarea comienza ahora, en cuanto a transformar esta experiencia en una oportunidad de aprendizaje institucional.