El mar austral en la agenda de la nueva Cancillería

Las primeras semanas de un nuevo gobierno suelen estar marcadas por prioridades inmediatas, como crecimiento económico, seguridad pública o estabilidad fiscal. Sin embargo, en el caso de Chile existe un ámbito estratégico que con frecuencia queda relegado en el debate político nacional y que, sin embargo, resulta decisivo para el desarrollo futuro del país: el mar.

Según expertos, uno de los problemas de fondo es que el país aún no cuenta con un concepto claro respecto de para qué sirve su mar y cómo debe gestionarse estratégicamente. Y para una nación que posee más de 4.000 kilómetros de costa, vastos espacios oceánicos y una proyección natural hacia la Antártica, esa carencia no es menor.

Hoy ese vacío conceptual comienza a evidenciarse en distintos frentes. Las demandas presentadas por empresas pesqueras contra el Estado, a propósito de la ley de fraccionamiento aprobada en 2025, son una señal de las tensiones existentes entre regulación, actividad productiva y seguridad jurídica. Las compañías reclaman que la redistribución de cuotas constituye una suerte de “expropiación encubierta”, mientras que sectores de la pesca artesanal defienden el carácter público de los recursos marinos.

Más allá del desenlace jurídico de estos procesos, lo cierto es que el país enfrenta un debate mayor, en cuanto a cómo administrar de manera equilibrada sus recursos marinos, asegurando sostenibilidad ambiental, desarrollo productivo y estabilidad regulatoria.

Algo similar ocurre con la salmonicultura que se ha convertido en un foco permanente de controversia. Se trata de una industria que genera miles de empleos en el sur austral y que tiene un peso relevante en las economías regionales de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Sin embargo, también enfrenta una presión creciente desde sectores ambientalistas que buscan restringir o incluso eliminar su presencia en determinados territorios.

En paralelo, subsiste otro tema estratégico que rara vez ocupa titulares nacionales, cual es la pesca antártica chilena. Durante décadas, esta actividad -con base operativa en Punta Arenas- ha permitido mantener presencia económica, científica y logística en las aguas del sistema antártico, bajo las reglas de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

Pero en los últimos años, diversos actores del sector han advertido un aumento de la burocracia, incertidumbre regulatoria y trabas administrativas que han debilitado la competitividad de las operaciones con puerto en la capital de Magallanes. Incluso algunas empresas han optado por trasladar sus operaciones a puertos de otros países.

Para una región como Magallanes, donde el mar es parte esencial de su historia y de su economía, estas discusiones no son abstractas. La pesca, la acuicultura, la logística antártica y las actividades científicas forman parte de una misma realidad geopolítica y productiva que conecta directamente con la proyección internacional de Chile.

Por eso resulta fundamental que la nueva Cancillería del gobierno del Presidente José Antonio Kast incorpore con claridad este tema en su agenda estratégica. La política exterior chilena no sólo debe mirar hacia los mercados y los acuerdos comerciales, sino también hacia la administración y proyección de sus espacios marítimos, los que -por lo demás- se relacionan con el ámbito económico y con la geopolítica.