Diputada Javiera Morales acusa que proyecto migratorio restringe acceso a salud y educación a menores migrantes

La tramitación del proyecto que modifica la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería continúa generando cuestionamientos desde distintos sectores, con énfasis en las consecuencias que podría tener para niños, niñas y adolescentes migrantes. La iniciativa, actualmente en segundo trámite constitucional, contempla restricciones en el acceso a prestaciones de salud y educación para personas extranjeras en situación migratoria irregular, priorizando a ciudadanos nacionales, lo que ha abierto un debate sobre su impacto en derechos fundamentales y en la cohesión social.

En ese contexto, la diputada Javiera Morales expresó un rechazo categórico a la propuesta, dando cuenta del impacto directo que estas medidas podrían tener en la vida de niños y niñas. La parlamentaria cuestionó el enfoque del proyecto, señalando que “¿acaso un niño o niña inmigrante tiene la culpa de la situación en la que vive? ¿queremos ser un país que le quite la salud a un niño o niña por el lugar en que nació?”, instalando una discusión que trasciende lo administrativo y se sitúa en el plano de las garantías básicas.

La diputada profundizó su crítica al referirse a las consecuencias concretas que podrían derivarse de la aplicación de estas restricciones, particularmente en el ámbito sanitario. En esa línea, sostuvo que “yo no estoy dispuesta a negarle un tratamiento de cáncer a un niño y ser cómplice de su muerte”, enfatizando la gravedad de limitar el acceso a prestaciones esenciales en situaciones de alta complejidad médica.

Junto con ello, la diputada Morales advirtió que las implicancias del proyecto no sólo se restringen al ámbito individual, sino que también podrían tener efectos estructurales en la sociedad. Al respecto, afirmó que “la derecha pareciera no tener humanidad en estos casos, además de ser una vulneración de derechos, es un riesgo a la salud pública y a la seguridad, ya que los niños que no puedan acceder a la educación estarán más propensos en caer en redes de crimen organizado y drogadicción”, vinculando la exclusión de derechos con escenarios de mayor vulnerabilidad social.