Servicio de Salud reconoce que sólo un tercio de los programas de refuerzo cuentan con financiamiento activo

El Servicio de Salud Magallanes (SSM) emitió un pronunciamiento técnico tras las denuncias del alcalde Claudio Radonich, reconociendo abiertamente un “escenario de restricción presupuestaria nacional” que marca la gestión sanitaria de este año. Si bien el organismo destacó un incremento en el flujo de recursos transferidos a la comuna de Punta Arenas durante el primer trimestre en comparación al ejercicio anterior, las cifras revelan que la red asistencial opera bajo una fuerte presión administrativa, ya que sólo 10 de los 30 convenios destinados a la comuna se encuentran actualmente tramitados y con flujo financiero activo.

Esta situación implica que dos tercios de los programas de refuerzo aún no cuentan con la liquidez necesaria para su plena ejecución, lo que genera una carga adicional para la atención primaria. En su defensa, la dirección del SSM sostuvo que ha establecido como “prioridad estratégica” la tramitación temprana de estos convenios, iniciando gestiones administrativas desde enero de 2026 para resguardar los recursos regionales ante el complejo panorama fiscal.

Según los datos entregados por la institución, entre enero y marzo de este año se han transferido a la salud municipal más de 960 millones de pesos, lo que representa un alza del 19,4% respecto al mismo periodo de 2025 ($774.543.147). Para el Servicio, este aumento es una prueba de los esfuerzos realizados para garantizar la llegada de fondos de manera oportuna, superando los ritmos de años precedentes pese a las limitaciones presupuestarias globales.

No obstante, la minuta informativa confirma que una parte importante de la red sigue a la espera de definiciones financieras. Respecto a los programas que el alcalde Radonich señaló como estancados, el SSM aclaró que ocho convenios se encuentran todavía en una “fase de validación de planes de gasto y antecedentes técnicos”. El organismo insistió en que estos son procesos regulares exigidos por un marco normativo estricto, cuyo fin es asegurar la calidad de las prestaciones. A pesar de esta justificación técnica, la demora en la validación de estos planes de gasto coincide con la preocupación municipal sobre la falta de financiamiento para hitos críticos de la salud primaria.

Finalmente, el Servicio de Salud apeló a la necesidad de mantener un trabajo colaborativo y conjunto con los municipios para asegurar la continuidad de las atenciones. Aunque el discurso institucional enfatiza una “voluntad técnica de asegurar la liquidez”, la realidad de las cifras muestra que la red de salud de Punta Arenas debe lidiar con 20 programas de refuerzo que aún no completan su ciclo administrativo de pago, en un año donde la correcta ejecución de los recursos se ha vuelto el centro de la disputa entre la autoridad comunal y el nivel central.