Instruyen sumario en contra del Gobierno Regional y Mejor Niñez por presuntas irregularidades en compra de propiedad para Residencia de Adolescentes

La contralora general Dorothy Pérez Gutiérrez ordenó instruir un sumario en contra del Gobierno Regional y del Servicio Mejor Niñez por la compra de una propiedad para ser destinada como Residencia Familiar para Adolescentes.

El caso se origina en una denuncia presentada en 2025 por seis consejeros regionales de oposición, el senador Alejandro Kusanovic y el exdiputado Christian Matheson, quienes cuestionaron la adquisición de una propiedad en Avenida Jorge Alessandri en la suma $797 millones, perteneciente al juez tributario y aduanero Sergio Vera Aparicio.

Según el dictamen emitido el 1 de abril, el órgano contralor detectó seis irregularidades en el proceso, partiendo por la compra directa del inmueble sin licitación pública ni una resolución fundada que justificara esta modalidad excepcional, lo que vulnera el principio de probidad administrativa, aseguró el ente fiscalizador.

A ello se suma la selección del inmueble sin contar con antecedentes técnicos previos, como tasaciones, estudio de títulos o recepción definitiva de obras. La compra fue aprobada apenas 48 horas después de descartarse la alternativa inicial, sin criterios de evaluación comparables y con errores en su calificación.

El informe también cuestiona la contratación, mediante trato directo, de la arquitecta encargada de diseñar la habilitación del recinto antes de que el inmueble fuera adquirido, además de su posterior participación en una de las tasaciones, sin que se acreditara el procedimiento de contratación de ese servicio.

Respecto de las tasaciones, Contraloría concluyó que ambas presentaban graves deficiencias metodológicas, sin respaldo técnico, trazabilidad ni evidencia que permitiera justificar el valor pagado por la propiedad.

Uno de los puntos más sensibles del dictamen es el eventual conflicto de interés del gobernador regional, Jorge Flies. Esto, luego de que el vendedor del inmueble adquiriera, un mes después de la compraventa, una propiedad perteneciente a una sociedad en la que participa la cónyuge de la autoridad (Paola Amaro). Según el organismo fiscalizador, esta situación pudo afectar la imparcialidad del proceso, por lo que el gobernador debió haberse abstenido.

Asimismo, se cuestionó el uso de recursos públicos para financiar una querella por injurias y calumnias presentada por Flies contra los denunciantes, patrocinada por abogados del propio Gobierno Regional. Contraloría ordenó poner término a dicha representación judicial y exigir el reintegro de los recursos utilizados.

Todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para su análisis y la eventual persecución de delitos.