“La falta de equipos especializados limita la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia escolar en colegios”

En medio del impacto generado por la muerte de una inspectora en un liceo de la ciudad de Calama, Región de Antofagasta, el lunes pasado el gremio docente convocó a profesores de todo el país a sumarse a una jornada de reflexión, duelo y manifestación para visibilizar el rechazo a la violencia en los espacios educativos. En Magallanes, la actividad consideró acciones incluyendo el uso de vestimenta negra o cintas del mismo color, la instalación de globos y pancartas en los establecimientos, y manifestaciones en el frontis de los colegios, junto con instancias de recogimiento y reflexión.

Desde el directorio regional del Colegio de Profesoras y Profesores se reforzó el llamado a adherir a estas acciones. “No podemos normalizar la violencia en nuestros espacios educativos ni seguir enfrentando en soledad situaciones que requieren respuestas urgentes del Estado. Nuestra labor es educar, pero también merecemos condiciones dignas, seguras y respetuosas para ejercerla”. En esa misma línea, se planteó que “cada gesto cuenta para visibilizar lo que estamos viviendo como profesoras y profesores”, destacando el carácter colectivo de la movilización.

La dirigenta regional del Magisterio, Alicia Aguilante, abordó el contexto estructural del problema, advirtiendo que, si bien existe un marco normativo, este resulta insuficiente frente a la realidad que enfrentan las comunidades educativas. “Valoramos que existe una ley de convivencia escolar, porque establece un marco y reconoce la importancia de abordar la violencia en el establecimiento. Sin embargo, por sí sola no es suficiente para prevenir la violencia. Las leyes son importantes, pero si no vienen acompañadas de recursos concretos, equipos profesionales suficientes y apoyo real a las comunidades educativas, terminan quedándose en el papel”.

En su análisis, también expresó que la falta de equipos especializados limitaba la capacidad de respuesta ante situaciones complejas, explicando que muchos establecimientos no contaban con profesionales como psicólogos o trabajadores sociales que permitieran intervenir de manera oportuna. Desde esa perspectiva, enfatizó que la prevención requería un abordaje integral que considerara tanto el acompañamiento emocional como herramientas concretas para el profesorado.

La dirigenta también situó la discusión en el ámbito de las políticas públicas, señalando que “más que sólo leyes, lo que necesitamos como país es voluntad política para implementar medidas efectivas y sostenidas en el tiempo. La seguridad en la escuela no se logra únicamente con normas, sino con comunidades educativas acompañadas, protegidas y fortalecidas”. En ese sentido, remarcó la necesidad de una respuesta articulada entre distintos sectores del Estado, particularmente en salud y educación.

Asimismo, planteó que la situación evidenciaba problemáticas más profundas en la niñez y juventud, indicando que los estudiantes llegaban a los establecimientos con múltiples afectaciones que requerían intervención especializada. En ese contexto, sostuvo que el rol del sistema de salud era fundamental en las primeras etapas, antes de que los casos escalaran al ámbito educativo.