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Municipio de Natales se querelló contra exdelegado de Puerto Edén

Miércoles 8 de Abril del 2026

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  • Un sumario de casi cuatro años, 16.730 litros de combustible municipal desviados y ocho actas falsificadas para encubrir envíos que nunca ocurrieron. La Municipalidad de Natales formalizó este mes una querella criminal contra Carlos Hernández Vázquez, exdelegado de Puerto Edén destituido en marzo, acusándolo de falsificación de instrumento público, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y administración desleal. El perjuicio actualizado supera los 18 millones de pesos.

Lucas Ulloa Intveen

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La Municipalidad de Natales presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Natales en contra de Carlos Luis Alberto Hernández Vázquez, funcionario de planta administrativa grado 11° que se desempeñaba como delegado municipal de la localidad de Puerto Edén. Los delitos imputados son falsificación de instrumento público, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y administración desleal, todos tipificados en el Código Penal.

La acción judicial es el cierre de un proceso administrativo que se extendió por casi cuatro años, iniciado en abril de 2022 y que concluyó en marzo de 2026 con la destitución del funcionario mediante Decreto Alcaldicio N°740.

El primer hecho que desencadenó la investigación ocurrió el 16 de marzo de 2022. Hernández Vázquez retiró, fuera de horario laboral y con su vehículo particular, 706 litros de petróleo desde la empresa proveedora de combustible de la municipalidad —Esmax, en calle Pedro Montt de Natales— utilizando tambores municipales y sin dar aviso a su jefatura ni seguir el procedimiento establecido.

El combustible no fue llevado a la maestranza municipal, sino a un predio rural de propiedad de su hija, donde permaneció durante cuatro días. El hecho fue descubierto de manera fortuita: el vehículo de la alcaldía no pudo abastecerse en Punta Arenas para regresar a Natales porque el saldo de la cuenta de combustible municipal estaba agotado. Al rastrear la última carga registrada, los funcionarios descubrieron que correspondía a Puerto Edén.

El domingo 20 de marzo, el delegado reingresó a maestranza sólo 624 litros, alegando haber olvidado el resto en la parcela. Los 82 litros restantes fueron entregados al día siguiente, únicamente tras ser requeridos formalmente. La justificación —el alza de combustibles como motivación para anticipar la compra— fue descartada como argumento: el combustible ya había sido enviado a Puerto Edén la semana anterior y el próximo envío estaba programado para la semana del 23 de marzo.

Las actas falsificadas

La investigación sumarial descubrió una irregularidad de mayor envergadura. Durante el primer semestre de 2021, el funcionario presentó ocho actas municipales como respaldo de envíos de combustible a Puerto Edén mediante la naviera Navimag. En esas actas aparecían firmas de supuestos funcionarios de la empresa recepcionando la carga. Navimag desconoció formalmente las rúbricas mediante documento notarial y su jefe de terminal descartó que esos traslados hubieran ocurrido.

La municipalidad solicitó al director regional de Aduanas los manifiestos de carga correspondientes, y la respuesta fue concluyente: no existía registro de que esas cantidades de combustible hubieran sido transportadas desde Puerto Natales a Puerto Edén. Con dos registros independientes —Navimag y Aduanas— se estableció que los envíos documentados en las actas nunca ocurrieron.

El volumen total de combustible comprometido en ambas situaciones asciende a 16.730 litros. El perjuicio patrimonial estimado inicialmente en 9 millones de pesos fue actualizado en la querella a $18.403.462.

El sumario y la destitución

El procedimiento disciplinario se inició mediante Decreto Alcaldicio N°0520 del 7 de abril de 2022. Tras una etapa indagatoria que se extendió hasta marzo de 2023, los cargos fueron formulados formalmente en agosto de 2024. El funcionario presentó descargos, pero sin acompañar medios de prueba que desvirtuaran los hechos. La fiscal instructora Maritza Vera Peña concluyó en su vista del 5 de diciembre de 2025 que las conductas estaban acreditadas, configuraban infracciones graves al deber de probidad y recomendó la destitución.

El 13 de marzo de 2026, la alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde firmó el decreto que aplicó esa medida. Tres semanas después, el municipio interpuso la querella criminal ante el Juzgado de Garantía, solicitando al Ministerio Público una orden amplia de investigar y la citación a declarar de la querellante.

El Natalino consultó a la Municipalidad de Natales para obtener una declaración de la alcaldesa Ana Mayorga respecto de la querella interpuesta. Al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta oficial. La consulta fue trasladada internamente con la indicación de que se evaluaría si la autoridad se pronunciaría sobre el asunto.

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