Caso colusión de la centolla: Fiscalía exhibe ante el TDLC llamadas telefónicas interceptadas y documentos incautados

• La audiencia es la primera instancia en que los imputados acceden al expediente completo de la FNE, que incluye medidas intrusivas ejecutadas por el OS-9 de Carabineros. Mientras tanto, pescadores afectados advierten que cerca de 200 personas se organizan para una demanda colectiva.

Lucas Ulloa Intveen

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El caso por colusión en la industria de la centolla magallánica dio este jueves un paso significativo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC): la Fiscalía Nacional Económica (FNE) exhibió por primera vez a todas las partes el expediente completo de su investigación, incluyendo las llamadas telefónicas interceptadas a tres ejecutivos y los documentos físicos incautados durante allanamientos a sus lugares de trabajo. La audiencia, que duró 52 minutos, fue presidida por el ministro Ignacio Parot Morales.

La sala reunió a los representantes de la totalidad de los imputados en el caso Rol C N°540-2025: Bakkavör Chile S.A., Rodrigo Allimant Antolsei y Mónica Cárdenas Castro; Proyecta Corp S.A. y Mario Fernandino Pagueguy; Pesquera Cabo Froward y Manuel Inostroza Márquez; Pesquera Bahía Chilota; Productos Marinos Puerto Williams; International Sea Food S.A.; Fernando Ossa Barros; Edmundo Díaz Bahamonde; y Catalina Besnier Anguita. Se dejó constancia de que no comparecieron los requeridos Elaboradora de Alimentos Porvenir S.A. y Ricardo Anguiano Sepúlveda.

El expediente

La FNE presentó el material en un disco duro externo organizado en cuatro carpetas y tres archivos sueltos.

La primera carpeta es el expediente principal propiamente tal: seis tomos ordenados cronológicamente con 1.536 archivos, que incluyen oficios a investigados y terceros, respuestas, antecedentes adjuntos, actas y audios de declaraciones.

La segunda es el Anexo N°1, dedicado íntegramente a la delación compensada presentada el 30 de noviembre de 2020 por Bakkavör Chile S.A. y sus empresas relacionadas — Pesquera Niebla S.A. y Pesquera Isla del Rey S.A. — junto a los ejecutivos Mónica Cárdenas, Rodrigo Allimant y Juan Guillermo Reutter Reinking. Este anexo tiene 394 archivos e incluye imágenes forenses de los celulares y casillas de correo electrónico de los delatores, que fueron analizadas por la FNE para extraer los antecedentes incorporados al caso.

La tercera es el Anexo N°2, el más delicado del expediente: contiene los resultados de las medidas intrusivas ordenadas por el tribunal y ejecutadas en el marco de la investigación.

La cuarta carpeta son las transcripciones de todas las declaraciones prestadas ante la FNE durante la investigación y en el contexto de la delación compensada, cuyos audios se encuentran en las dos primeras carpetas.

Escuchas telefónicas
y allanamientos

El Anexo N°2 es el corazón de la exhibición y el que más debate generó en la audiencia. Contiene dos tipos de diligencias ejecutadas por el OS-9 de Carabineros de Chile.

La primera son las interceptaciones telefónicas. La FNE incorporó al expediente 170 comunicaciones, distribuidas en tres subcarpetas según el ejecutivo intervenido: 66 llamadas del teléfono de Edmundo Díaz Bahamonde — gerente de Productos Marinos Puerto Williams —, 28 del teléfono de Ricardo Anguiano Sepúlveda — de Elaboradora de Alimentos Porvenir — y 76 del teléfono de Fernando Ossa Barros, de Pesquera Bahía Chilota. Los audios están almacenados en un sistema de monitoreo policial denominado “EGO”, una plataforma especializada en gestión de interceptaciones que requiere un software específico para reproducirlos.

La segunda son las diligencias de entrada, registro e incautación — en términos simples, allanamientos — realizados en los domicilios laborales de dos ejecutivos. De esas diligencias, la FNE seleccionó e incorporó al expediente 55 documentos: 6 archivos vinculados a Fernando Ossa provenientes de un primer registro, 18 de un segundo registro al mismo ejecutivo, y 31 documentos extraídos del lugar de trabajo de Edmundo Díaz Bahamonde.

La discusión
sobre los 58.000
documentos faltantes

Uno de los momentos más reveladores de la audiencia ocurrió cuando el apoderado de Proyecta Corp señaló que la FNE había indicado previamente contar con 58.000 documentos, pero que ahora solo exhibía cerca de 2.000. La FNE explicó que la discrepancia se debe a que el delator puso a disposición un disco duro con imágenes forenses completas de sus dispositivos — que contiene decenas de miles de archivos — pero que sólo los documentos efectivamente extraídos y analizados forman parte del expediente. El resto permanece en poder de la Fiscalía.

El apoderado de Proyecta recordó que, conforme a lo resuelto en otra causa del propio TDLC, lo que debe exhibirse son todos los antecedentes extraídos que guarden relación con los hechos investigados. El tribunal señaló que resolverá en su oportunidad, dejando abierta la posibilidad de exigir más material en una próxima audiencia.

El disco duro contiene además tres archivos independientes: la Resolución Exenta N°520, que establece qué documentos tienen carácter confidencial; un listado de piezas del expediente; y el índice completo en formato Excel. La FNE solicitó mantener la confidencialidad de los documentos identificados como tales. El índice Excel, en cambio, fue declarado de carácter público. Todos los documentos exhibidos quedarán bajo custodia de la secretaria abogada del tribunal mientras se resuelve la continuación de la diligencia.

Demanda colectiva
en proceso

Mientras el proceso avanza en tribunales, los pescadores artesanales — los principales afectados por la colusión — miran desde lejos. José Hernández, quien fue el denunciante original del caso, lo describe con frustración: “Hay mucha dispersión. No ha habido una participación activa de los dirigentes de la pesca artesanal a nivel regional. Ha habido mucha frialdad de parte de ellos frente a esta situación que, en definitiva, son los afectados”.

Hernández atribuye parte de esa pasividad al mensaje que envió la exseremi de Economía (Marlene España Miranda) cuando el caso estalló. “Fue la primera que salió diciendo que no había ninguna posibilidad de demandas ni cosas por el estilo. Fue un golpe duro”. El denunciante, que se hizo parte del proceso, pero fue rechazado a solicitud de las empresas imputadas, dice igualmente confiar en el tribunal: “Confío en que el TDLC va a dejar firme lo que dictaminó la Fiscalía Nacional Económica”.

Sin embargo, la pasividad no es total. Jaime Cosme, presidente de la caleta Barranco Amarillo, revela que algo se está moviendo en el sector: “Cerca de 200 personas que están agrupadas van a ser parte de una demanda colectiva. Se están organizando”. Cosme también identifica el elemento que más inhibe la participación de la dirigencia artesanal: “Muchos tienen miedo de que no les van a comprar centolla y los van a castigar. Hay mucho dinero en juego”.

Como ha reportado La Prensa Austral, el caso involucra a siete empresas que concentraron entre el 81% y el 88% de las compras de centolla magallánica entre 2017 y 2021, y a ocho de sus ejecutivos, acusados de coordinar sistemáticamente los precios de compra durante al menos nueve temporadas. La FNE estima que al menos 2.000 familias fueron afectadas anualmente. Las multas solicitadas totalizan más de 62.000 UTA.