Con mano dura actuó comisión judicial que analizó las libertades condicionales de condenados: aprobó sólo una postulación de 83 solicitudes

Un total de 83 solicitudes recibió la Comisión de Libertad Condicional de Punta Arenas, cuya misión era valuar las postulaciones de las personas que cumplen condena, con la finalidad de poder terminar el proceso fuera de los recintos carcelarios.

Los integrantes de la comisión, encabezada por el presidente de la Corte de Punta Arenas, Juan Villa Martínez; y los jueces penales Guillermo Cádiz, Julio Alvarez, Mónica Mancilla e Ignacio Low; y la secretaria del tribunal de alzada, Alejandra Pino, revisaron detalladamente, en su primera sesión del año, cada una de las postulaciones y los correspondientes informes emitidos por Gendarmería, provenientes del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, el Centro de Educación y Trabajo Semi Abierto, el Centro de Detención de Puerto Natales y el Centro de Detención de Porvenir.

En 78 de los casos revisados la decisión de la comisión fue unánime; y sólo en 5 casos por mayoría.

Los integrantes estimaron que sólo una persona que cumple condena en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas recuperará su libertad. De esta manera desestimaron el resto de las postulaciones por no cumplir con los requisitos objetivos y subjetivos para acceder al beneficio, establecidos principalmente en un informe psicosocial elaborado por un equipo interdisciplinario de Gendarmería de Chile.

Entre los requisitos que establece la ley está el haber cumplido la mitad de la condena o dos tercios en el caso de delitos graves. Presentar conducta intachable en el recinto penal. Y contar con un informe psicosocial favorable elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería, que permita orientar a la comisión sobre los factores de riesgo de reincidencia.

Previo a la instalación de la comisión fueron notificadas las víctimas de los delitos, de que su victimario está postulando al beneficio, con el objetivo que ellas puedan por escrito presentar su oposición a que el condenado obtenga el beneficio durante la relación de su postulación.

Entre las 83 postulaciones, la comisión evaluó la petición de Irma Mabel Ovalle Oyarzún y Sergio Esteban Escalona Chiguay, ambos condenados a 20 años de cárcel en mayo de 2013 por parricidio y homicidio calificado de Didier Mansilla Rivera.

La mujer encargó el crimen del marido a Escalona, alias “Chiqui”.