Soberanía en riesgo en los fiordos australes

Recientemente gremios turísticos y parlamentarios denunciaron la operación irregular de naves extranjeras en aguas de Magallanes. Esto no puede ser tratado como un conflicto sectorial más. Lo que está en juego es mucho más profundo: el respeto a la ley, la equidad económica y, en última instancia, el ejercicio efectivo de la soberanía en uno de los territorios más estratégicos y frágiles del país.

Los antecedentes son inquietantes. Operadores locales han advertido que cruceros internacionales estarían realizando desembarcos de turistas en zonas no habilitadas, como fiordos y bahías de alto valor ecológico, sin claridad sobre permisos ni fiscalización efectiva.

A ello se suma la sospecha de que estas actividades podrían vulnerar la normativa de cabotaje, la cual reserva este tipo de operaciones -en determinadas condiciones- a embarcaciones nacionales, precisamente para proteger el desarrollo del turismo regional.

El problema, por tanto, no es sólo legal, sino también estructural. Mientras las empresas locales deben cumplir rigurosamente con exigencias tributarias, laborales, ambientales y de seguridad, existen indicios de que operadores extranjeros estarían desarrollando actividades económicas dentro del territorio chileno sin someterse a esas mismas reglas. Esto configura un escenario de competencia desleal que amenaza directamente a una industria que, en Magallanes, no sólo genera empleo, sino que también constituye una pieza clave del desarrollo territorial.

Pero hay un elemento aún más preocupante, dado por la aparente debilidad en la fiscalización. Las operaciones denunciadas se realizarían en zonas remotas, de difícil acceso, lo que evidencia una brecha histórica en la capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre su propio territorio marítimo. Esa debilidad, en regiones extremas, no es neutra, ya que abre espacio a interpretaciones laxas de la normativa, a vacíos regulatorios y, en el peor de los casos, a la consolidación de prácticas al margen de la ley.

Magallanes no es cualquier territorio. Es una región de alto valor geopolítico, ambiental y económico. Sus fiordos, canales y rutas marítimas forman parte de un sistema único en el mundo, cuya protección no sólo es una responsabilidad nacional, sino también un compromiso internacional en materia de conservación. Permitir -por acción u omisión- que se desarrollen actividades irregulares en estas aguas implica no sólo un riesgo económico, sino también ambiental.

Las acciones anunciadas -como solicitudes de fiscalización y eventuales requerimientos a organismos como la Contraloría- apuntan en la dirección correcta. Sin embargo, el desafío es mayor, pues se requiere una política sostenida de control, presencia estatal efectiva y coordinación interinstitucional que garantice que las normas no queden en el papel.

Lo que ocurre hoy en los fiordos de Magallanes es una señal de alerta. Si no se actúa con decisión, el riesgo no es sólo la pérdida de competitividad de la industria local, sino la instalación progresiva de un “territorio permisivo” en el extremo sur. Eso, en una región donde históricamente la presencia del Estado ha sido un desafío, es un lujo que Chile no puede darse.