ECMPO y borde costero se debatieron en el Senado con presentaciones de gremio salmonero y delegada regional

La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado sesionó este miércoles con una agenda centrada en el desarrollo de la salmonicultura en las regiones australes. Entre los expositores convocados estuvieron Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes A.G.; y Ericka Farías, delegada presidencial regional de Magallanes.

Odebret centró su exposición en defender la expansión de la industria en Magallanes, a la que calificó como “el mejor lugar del mundo para producir salmón”. Respaldó esa afirmación en indicadores sanitarios: la región registra una mortalidad de ciclo cerrado de 5,9%, frente al 14,2% de Noruega y el 17,7% de Escocia, y un uso de antibióticos de 3,64 gramos por tonelada, muy por debajo de los 221,9 de Canadá. Atribuyó esos resultados a la temperatura de las aguas, que oscila entre 6 y 9 grados centígrados.

El representante gremial presentó también un mapa que, según señaló, muestra que el 99,2% de la línea de costa de Magallanes se encuentra bajo alguna categoría de conservación o bajo una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO). En ese contexto, identificó dos obstáculos principales para el crecimiento del sector: la tramitación pendiente del ECMPO Kawésqar Última Esperanza y la ausencia de un plan de manejo vigente para la Reserva Nacional Kawésqar.

Respecto al ECMPO Kawésqar Última Esperanza -ingresado en febrero de 2018 y que comprende cuatro sectores no continuos de aproximadamente 274.000 hectáreas-, Odebret indicó que el informe de uso consuetudinario que debe elaborar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) lleva más de 35 meses de demora, pese a que la ley establece un plazo de un mes. Señaló que la solicitud se encuentra en el puesto 11 de la fila de informes pendientes en ese organismo. A raíz de esa tramitación, dijo, hay 40 solicitudes de concesión de acuicultura sin avanzar desde 2018, de las cuales 14 ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada.

Sobre la Reserva Nacional Kawésqar -que abarca 2.628.429 hectáreas y cuenta con 68 concesiones otorgadas y 57 en trámite-, el dirigente señaló que la ley autoriza expresamente la pesca y la acuicultura en reservas nacionales, pero que el plan de manejo que debe establecer las compatibilidades entre actividades económicas y conservación no ha sido dictado, pese a que el decreto de creación de la reserva, en 2018, fijó un plazo de dos años para elaborarlo.

La delegada presidencial, Ericka Farías, ofreció un contexto histórico del desarrollo regional y situó a la salmonicultura como el principal sector exportador de Magallanes, con ventas por aproximadamente 597 millones de dólares y una participación de alrededor del 20% en el Pib regional. Señaló que la región opera actualmente con 50 centros activos -de los cuales 47 están en mar y tres en agua dulce-, lo que representa el 37,7% de las concesiones vigentes. Pese a esa base operativa reducida, destacó que la producción alcanzó 152.000 toneladas al cierre de 2025, un alza de 79,2% respecto del año anterior.

Farías mencionó como “nudos críticos” de la industria la judicialización de algunos procesos, los problemas de permisos y relocalización de concesiones, y la coexistencia con áreas protegidas. Sobre la relación con las comunidades indígenas, señaló que el gobierno busca “generar un respeto a las costumbres originales de los pueblos que tenemos presentes acá, como nuestro pueblo Kawésqar, junto también con la industria”. La delegada indicó que lleva poco más de un mes en el cargo y que se encuentra en proceso de conocer la situación territorial de la región.

La comisión tomó el acuerdo de que en toda sesión en que se trate la Ley Lafkenche deberá estar presente un representante de la Subsecretaría de Pesca, que no concurrió a esta sesión. Los senadores criticaron la ausencia del Ejecutivo y señalaron que, para legislar con propiedad, es necesario contar con la opinión técnica del gobierno en la sala. La sesión fue levantada tras adoptarse ese acuerdo y encomendar a la secretaría el envío de las exposiciones a la subsecretaría y a todos los integrantes de la comisión.