El Gore Magallanes y su plan para saldar 30 años de desorden contable: promesas, plazos y una fecha para el 2027

El martes 14 de abril, el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, se sentó con los consejeros regionales durante más de dos horas para explicar un problema que acumula tres décadas: el Gobierno Regional (Gore) no tiene cerrados contablemente cientos de proyectos de infraestructura que ya están construidos, en uso, y pagados con dinero público. El monto involucrado supera los 600 mil millones de pesos.

No era la primera vez que la administración regional hablaba del tema. En marzo, la entonces administradora regional, Eugenia Mancilla, había dado una entrevista a este diario comprometiendo que la normalización estaría completamente terminada el 31 de diciembre de 2026. Esa fecha ya no existe.

El plan formal que el gobernador presentó al Consejo Regional esta semana -un documento de 40 páginas elaborado en conjunto por la División de Administración y Finanzas (Daf) y la División de Presupuesto e Inversión Regional (Dpir)- fija como fecha de cierre el 1 de marzo de 2027. Diego Sierpe, jefe de la Daf, indicó en una entrevista con este medio que el plazo era “febrero de 2027”. El documento oficial suma dos meses más.

El origen: 30 años de proyectos sin cerrar

La auditoría externa realizada por la firma Fortunato y Asociados, cuyos resultados se conocieron en noviembre de 2025, concluyó con el dictamen más grave que puede emitir un auditor: abstención de opinión. Esto significa que los auditores no pudieron pronunciarse sobre la razonabilidad de los estados financieros del Gore porque no existía información suficiente para hacerlo.

El hallazgo más voluminoso fue la cuenta “Costos de Proyectos”: 600.443 millones de pesos acumulados entre 1996 y 2023 correspondientes a obras de infraestructura que el Gore financió -gimnasios, centros de salud, caminos, obras sanitarias- pero que nunca fueron cerradas formalmente desde el punto de vista contable. Según explicó Mancilla en marzo, la ley exige que cuando el Gore construye un bien de uso público, la institución receptora formalice el traspaso mediante escritura pública en un plazo de 90 días. Ese trámite “sistemáticamente no se realizó”, dijo.

La consecuencia es que el Gore mantiene registradas como activos propios obras que llevan años siendo usadas por municipios, hospitales y comunidades. El activo es una ficción contable.

Sierpe, en entrevista con este medio el 14 de abril, entregó el dato más concreto hasta ahora sobre el avance real: de los 600.443 millones, ya tienen identificados alrededor de 550.000 millones. Los 50.000 millones restantes corresponden a proyectos registrados en el sistema Sigfe 1 -la plataforma contable que el Estado usó hasta antes de migrar al actual Sigfe 2- al que el Gore hoy no tiene acceso directo. “Cuando se pasó de Sigfe 1 a Sigfe 2, no se pasó con detalle, se pasó con el total de la cuenta”, explicó el jefe de la Daf. El Gore solicitó a la Contraloría General de la República acceso a esos registros históricos.

80 mil millones que alguien debe rendir o devolver

Además de los proyectos sin cierre contable, la auditoría identificó otro conjunto de saldos pendientes de distinta naturaleza: cerca de 80 mil millones de pesos entre anticipos a rendir (18.420 millones) y transferencias reintegrables pendientes (61.424 millones). A diferencia del problema de los proyectos -que es esencialmente un rezago administrativo-, estos fondos fueron entregados a personas e instituciones que deben rendir cuentas de su uso o devolver los excedentes.

Sierpe entregó en la entrevista la composición de ese monto: aproximadamente 38.000 millones corresponden a proyectos de vivienda, mayoritariamente comprometidos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Otros 12.000 millones son proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), de los cuales 10.000 millones corresponden a privados y 2.000 millones a instituciones públicas.

“Nosotros sabemos dónde están”, afirmó el jefe de la Daf. “No es que no sepamos dónde están esos dineros. Lo tenemos identificados, pero hay proyectos que obviamente no se pueden cerrar por un tema de tiempo”. Señaló como ejemplo iniciativas de vivienda que se inician en enero y se extienden más allá del año presupuestario.

La pregunta más incómoda, ¿quién le cobra a quien no rindió?, no tiene respuesta en el plan presentado esta semana. “Esto solamente es la normalización de la gestión contable, entonces nosotros llegamos hasta ese punto”, reconoció Sierpe. El cobro es una etapa posterior, sin fecha, que dependerá de la asesoría jurídica del Gore y de un proceso de ordenamiento que recién comienza. “Lo que tenemos que hacer primero es ordenar, saber los saldos, saber la fecha”, explicó.

En algunos casos, esa deuda podría tener décadas de antigüedad: al ser consultado sobre deudores específicos, Sierpe mencionó el ejemplo de “una junta de vecinos de 1989”, sugiriendo que hay obligaciones tan antiguas que su recuperación judicial sería, en sus propias palabras, un proceso largo y complejo. El plan admite incluso la posibilidad de que parte de esos 80 mil millones nunca vuelva: entre sus actividades figura analizar con la Contraloría Regional los “potenciales castigos contables”, el nombre técnico para reconocer una deuda como incobrable y eliminarla de los registros.

El plan: cuatro ejes, 14 meses y una advertencia

El documento presentado esta semana estructura el trabajo en cuatro ejes: bienes de uso depreciables, costo de proyectos, transferencias reintegrables y anticipos a rendir. Cada eje tiene una carta Gantt mensual que va de enero de 2026 a febrero de 2027.

El desafío más complejo es el de los proyectos. El plan reconoce que la información de iniciativas ejecutadas entre 1996 y 2013 está dispersa en cuatro fuentes distintas: el período 2020-2025 tiene registros digitales, 2014-2019 está en papel, 2007-2013 está en Sigfe 1 (al que no tienen acceso), y 1996-2006 está en fuentes “mixtas”, lo que incluye archivos físicos almacenados en bodegas del Gore.

El propio documento advierte que el plan “tendrá carácter dinámico y podrá ser actualizado mediante resolución fundada cuando circunstancias técnicas o administrativas así lo requieran”. Entre los riesgos identificados formalmente figura la “insuficiencia, inexistencia o dispersión de documentación histórica 1996-2013”, cuyo impacto sería “dificultad en la reconstrucción financiera de proyectos y retrasos en la formalización de cierres administrativos”. En lenguaje directo: parte de la documentación podría sencillamente no existir.

Sierpe fue explícito sobre las limitaciones humanas del proceso. “No tenemos que dejar de pensar que los mismos funcionarios están haciendo un trabajo mucho mayor”, dijo, recordando que la Daf es la división que se ocupa de que el Gore funcione en su operación diaria, más allá de este plan extraordinario. El año pasado, el propio Sierpe solicitó dos profesionales para reforzar la Unidad de Control y no se los aprobaron.

Además, hay otro elemento que tampoco ha sido mencionado públicamente. El plan cita, junto a la auditoría de Fortunato, un segundo documento que lo origina: el “Informe N°03 emitido por la Unidad de Control, emanado con fecha 23 de enero de 2026”. Se trata de un informe interno elaborado por la propia unidad de control del Gore -más de seis semanas antes de que Mancilla diera su primera entrevista pública sobre el tema- que habría detectado las mismas brechas que la auditoría externa. Ni Mancilla en marzo ni Sierpe en su entrevista de esta semana mencionaron la existencia de ese documento.

Comité sin resolución

El plan establece un Comité de Seguimiento del Plan de Normalización Contable y Administrativa, integrado por representantes de la Daf, la Dpir, la Unidad Jurídica y -en calidad de observadores- la Unidad de Control Interno y la Unidad de Auditoría Interna. El comité debe reunirse mensualmente y hacer evaluaciones trimestrales con hitos medibles.

El problema es que, a la fecha de aprobación del plan, ese comité todavía no existía formalmente. El documento señala que “la conformación formal de dicho comité se establecerá mediante Resolución Exenta del Gobernador Regional”. Sierpe confirmó en la entrevista que las reuniones ya comenzaron -la primera habría sido la del propio martes 14- pero el acto administrativo que lo constituye oficialmente no había sido dictado al momento de firmarse el plan.

El Core, por su parte, no tiene atribución formal para aprobar o rechazar el plan. “Más allá de que ellos no tengan ni que aprobar ni rechazar este plan, la idea y el compromiso del gobernador es poder trabajar esto en conjunto”, explicó Sierpe. El gobernador comprometió una nueva presentación de avance en tres meses, en julio próximo.

Hitos verificables en los próximos meses

El plan establece fechas concretas que permiten medir si los compromisos se van cumpliendo. Los más cercanos son:

– 31 de mayo de 2026: validación y clasificación de información digital de proyectos 2014-2025.

– 30 de junio de 2026: cuadratura entre Sigfe y el auxiliar de bienes (inventario Methasys).

– 31 de julio de 2026: formalización de procedimientos para transferencias de bienes y cierres de proyectos.

– 31 de agosto de 2026: conformación de mesa técnica con Contraloría Regional para análisis de rendiciones históricas.

– 30 de noviembre de 2026: informe final de inventario institucional; conciliación contable de anticipos regularizados.

– 31 de diciembre de 2026: elaboración de resoluciones de término de proyectos.

– 31 de enero de 2027: formalización de rebajas contables y/o patrimoniales.

– 26 de febrero de 2027: informe final integral del plan.

– 1 de marzo de 2027: entrega formal del resultado al gobernador regional.

Sierpe planteó una perspectiva que sintetiza la posición oficial del Gore: “Nuestra idea es que el día de mañana, en la auditoría del 2026, esto esté absolutamente sellado”. Quedó la pregunta pendiente de si esa auditoría del ejercicio 2026 está ya contratada, cuándo se realizará y quién la hará.