Contraloría detecta irregularidades en contrataciones del Slep Magallanes, ordena medidas correctivas e inicia investigación especial

La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena emitió un informe tras una auditoría que revela importantes falencias en los procesos de contratación del Servicio Local de Educación Pública (Slep) Magallanes. El documento, Oficio N° 198/2026, pone el foco en la contratación de servicios especializados que habrían eludido la Ley de Compras Públicas, operando bajo modalidades que no corresponden a la naturaleza de las funciones prestadas.

Negociaciones directas
y falta de publicidad

La investigación se originó a raíz de una denuncia con reserva de identidad que cuestionaba la contratación a honorarios de María Pía Paz Avendaño Andrade, socia de la empresa Taylor Servicios. Según los antecedentes, existió una negociación directa entre el entonces subdirector de administración y finanzas del Slep, Benjamín Agurto León, y la prestadora.

El análisis de la cadena de correos electrónicos institucionales confirmó que Avendaño remitió sus tarifas directamente al referido funcionario en junio de 2025, estableciendo montos de $1.500.000 por procesos de selección completos y hasta $1.800.000 por jornadas de capacitación. Tras este intercambio, el subdirector instruyó la confección del contrato a honorarios sin que mediara un concurso público ni una fundamentación robusta para el trato directo.

Evasión de la Ley de
Compras Públicas

Uno de los hallazgos más críticos de la Contraloría es que la modalidad contractual utilizada no se ajusta a derecho. Mientras el Slep Magallanes tramitó la contratación como “personal a honorarios” (imputado al subtítulo 21 del presupuesto), la naturaleza de los servicios -pago por productos específicos como informes de selección y talleres- exigía que el proceso se rigiera por la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

El organismo de control enfatizó que este tipo de contrataciones, que no importan una provisión de personal sino la entrega de productos determinados, debe observar principios de libre acceso, competencia, publicidad y transparencia. En el caso estudiado, los pagos no eran homogéneos mes a mes, sino que dependían de las prestaciones realizadas; por ejemplo, en julio de 2025, la profesional recibió un pago de $10.877.193 por cinco procesos de selección y una capacitación.

Ausencia de
controles internos

La auditoría también dejó al descubierto una vulnerabilidad estructural: el Slep Magallanes no cuenta con un manual de procesos de contratación a honorarios formalmente aprobado ni difundido. La Contraloría señaló que esta carencia contraviene las normas de control interno, las cuales exigen políticas escritas para mitigar riesgos de irregularidades y errores.

Medidas inmediatas y
futuras investigaciones

Ante la gravedad de los hallazgos, la Contraloría ha ordenado al Slep Magallanes las siguientes acciones:

1.- Elaboración de un manual de procesos: La entidad tiene un plazo de 60 días hábiles para implementar y difundir un procedimiento formal de contrataciones.

2.- Investigación especial en curso: El organismo informó que actualmente desarrolla un examen de cuentas detallado respecto a la recepción conforme de los servicios, la imputación presupuestaria y la veracidad de los montos pagados en este contrato.

Es importante mencionar que un examen de cuentas es una facultad legal de la Contraloría (bajo la Ley Nº10.336) para asegurar que el patrimonio público se utilice de manera correcta y, en caso de detectar irregularidades, puede dar origen a reparos para que los funcionarios responsables devuelvan los montos mal invertidos.

Este informe subraya la necesidad de que los nuevos Servicios Locales de Educación ajusten sus procesos administrativos a los estándares de probidad y eficiencia que exige la administración pública, evitando la discrecionalidad en el uso de recursos destinados a la educación.