Vías segregadas

La propuesta de destinar $9.000 millones a la segregación de vías para el transporte público en Punta Arenas abre una discusión necesaria y, a la vez, compleja. No se trata sólo de pintar líneas en el pavimento o instalar señalética. Es una intervención urbana que puede redefinir la movilidad en la ciudad y, por lo mismo, exige una mirada equilibrada entre eficiencia, convivencia y sentido de pertenencia.

El diagnóstico que sustenta la iniciativa es difícil de rebatir. Con más de 70 mil vehículos particulares circulando y una ocupación promedio de apenas 1,3 personas por auto, la congestión parece inevitable. En contraste, cada bus transporta decenas de pasajeros. Bajo esa lógica, priorizar el transporte público no sólo es razonable, sino también coherente con estándares de ciudades que buscan ser más eficientes y sostenibles. Mejorar la velocidad de los buses, su frecuencia y puntualidad puede traducirse en un beneficio directo para miles de usuarios.

Sin embargo, la forma en que se implemente esta política será determinante. Las alertas levantadas por actores del propio sistema no son menores. Desde la empresa operadora se advierte que la necesidad de vías exclusivas se concentra en horarios punta, lo que abre la puerta a soluciones más flexibles que eviten subutilizar espacio vial durante gran parte del día. La experiencia comparada muestra que las restricciones dinámicas pueden ser una alternativa válida, especialmente en ciudades de menor escala como Punta Arenas.

A ello se suma una preocupación legítima por el impacto urbano. El centro de la ciudad no es solo un eje de circulación, sino también un espacio patrimonial y simbólico. Intervenciones mal diseñadas pueden generar rechazo ciudadano y afectar la identidad local, como ya ha ocurrido con proyectos anteriores. La advertencia de los colectiveros sobre el cuidado estético y la integración con el entorno no debe ser vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para hacer mejor las cosas.

Por otro lado, también emergen visiones más estructurales, que plantean que esta podría ser la ocasión para reordenar completamente el casco histórico y avanzar hacia un modelo donde el transporte colectivo tenga un rol predominante. Son ideas ambiciosas, que requieren discusión profunda, pero que reflejan una inquietud de fondo, como es la necesidad de repensar la ciudad más allá de soluciones parciales.

En ese contexto, el mayor riesgo del proyecto no es su ejecución, sino su desconexión con la ciudadanía. La etapa de ingeniería de detalle que se desarrolla hoy debiera ser, precisamente, el momento para abrir el diálogo, recoger visiones y construir acuerdos. Una mesa de transporte amplia y participativa no es un trámite, sino una condición para que la iniciativa tenga legitimidad y viabilidad en el tiempo.

Segregar vías puede ser un paso en la dirección correcta, pero no basta con definir por dónde circularán los buses. La pregunta de fondo es qué tipo de ciudad quiere construir Punta Arenas. Y esa respuesta, inevitablemente, debe ser colectiva.