Regularización de propiedad: el rostro femenino de una deuda pendiente

En el debate público regional, pocas veces se dimensiona en su real magnitud lo que significa no tener un título de dominio. No se trata sólo de un trámite administrativo o de una formalidad legal, ya que es, en la práctica, la diferencia entre la certeza y la incertidumbre, entre el arraigo y la precariedad, entre el derecho y la informalidad. En Magallanes -y particularmente en la provincia de Ultima Esperanza- esta realidad ha sido por décadas una deuda silenciosa.

El reciente trabajo de regularización impulsado por Bienes Nacionales en Puerto Natales vuelve a poner el tema en el centro. No lo hace desde la abstracción, sino desde historias concretas de familias que, tras años -incluso generaciones- habitando un mismo terreno, hoy pueden decir con propiedad que son dueñas de su casa. Ese paso, que puede parecer evidente en otras zonas del país, en territorios como el nuestro adquiere una dimensión profundamente transformadora.

Regularizar un título no sólo permite acreditar la propiedad. Abre puertas. Permite acceder a subsidios, a créditos, a programas de mejoramiento habitacional, a herencias ordenadas. En definitiva, integra a las personas al sistema formal, otorgándoles herramientas para proyectar su vida con mayor seguridad. Es, en esencia, una política pública que impacta directamente en la calidad de vida.

Pero hay un elemento que merece especial atención y que muchas veces pasa inadvertido, cual es el marcado protagonismo de las mujeres en estos procesos. No es casual que gran parte de las nuevas propietarias sean mujeres. En muchos hogares, son ellas quienes han sostenido la vida familiar, quienes han permanecido en el territorio, quienes han cuidado, administrado y defendido esos espacios, aun cuando legalmente no les pertenecieran.

La regularización, en este sentido, tiene un efecto que va más allá de lo económico. Es también un acto de justicia. Permite reconocer, en el papel, una realidad que ya existía en la práctica: mujeres que han sido históricamente el pilar de sus hogares pasan a tener, por fin, el respaldo jurídico que les otorga autonomía y protección.

En una región donde los procesos de poblamiento han estado marcados por la informalidad, por pérdidas documentales y por una geografía que dificulta el acceso a servicios, avanzar en esta materia no es menor. Es corregir una anomalía histórica.

Sin embargo, el desafío está lejos de concluir. Aún existen numerosos casos pendientes, familias que no han iniciado el proceso, o que desconocen que pueden hacerlo. Persisten, además, brechas de información, barreras burocráticas y limitaciones en la cobertura territorial de estos servicios.

Por eso, más que celebrar casos puntuales, lo que corresponde es consolidar una política sostenida en el tiempo, con presencia efectiva en el territorio y con un enfoque claro en quienes más lo necesitan. Ello lleva a valorar que la actual seremi haya recogido la posta de su antecesor y, lejos de revisar políticas públicas, haya mantenido el trabajo y los procesos que en este ámbito se han seguido en la secretaría regional ministerial. Además, también cabe destacar programas como “Muni en tu barrio” o las atenciones periódicas en delegaciones, pues son pasos en la dirección correcta.

Pero, todo esto requiere continuidad, recursos y, sobre todo, voluntad de mantener el contacto directo con la comunidad.