“Estado en quiebra”: Contraloría abre proceso por mensajes “imprecisos”

Una nueva controversia se instaló en el Gobierno luego de que la Contraloría General de la República oficiera al Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) por publicaciones difundidas en redes sociales oficiales, las que fueron calificadas como problemáticas por el organismo fiscalizador.

El requerimiento se originó a partir de mensajes en los que se afirmaba que el Estado de Chile estaba “en la quiebra”, en el contexto del alza de los combustibles y el debate sobre el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Solicitud de antecedentes

y posible sanción

En su oficio, la Contraloría solicitó a la cartera encabezada por la ministra vocera entregar una serie de antecedentes, incluyendo el uso de recursos públicos, el personal involucrado y los fundamentos normativos y fácticos de las afirmaciones difundidas.

Además, el organismo instruyó la adopción de medidas para evitar la difusión de contenidos que puedan ser considerados “imprecisos” y ordenó iniciar un proceso disciplinario al interior de la repartición.

Publicaciones eliminadas

y críticas

Los contenidos cuestionados fueron eliminados desde las plataformas oficiales luego de generar críticas transversales. En ellos se señalaba que el Estado había sido recibido “sin plata” o “en quiebra”, lo que abrió un debate político sobre la veracidad y el tono de la comunicación gubernamental.

La situación incluso generó diferencias dentro del propio Ejecutivo. Desde el Ministerio de Hacienda se descartó el uso de ese concepto, señalando que si bien existe una situación fiscal compleja, no corresponde hablar de un Estado en quiebra.

Debate por la

comunicación oficial

El episodio reabre la discusión sobre los límites de la comunicación institucional y el uso de plataformas oficiales del Estado. Según la Contraloría, la información solicitada permitirá determinar si las publicaciones se ajustaron a las normas que regulan el uso de recursos públicos y la difusión de contenidos por parte de organismos gubernamentales.

Mientras la Segegob ha manifestado disposición a responder dentro de los plazos establecidos, el caso suma presión sobre la gestión comunicacional del Ejecutivo y podría derivar en responsabilidades administrativas si se detectan irregularidades.