Exabogado del SernamEG Magallanes asegura que el 70% del personal ha sufrido maltrato y envía carta a ministra Marín

Un abogado especializado en género y equidad que trabajó en la dirección regional de Magallanes del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) interpuso una demanda de tutela laboral de derechos fundamentales contra el organismo y escribió directamente a la ministra de la Mujer, Judith Marín, alertando sobre lo que describe como un patrón de maltrato institucional al interior del servicio encargado precisamente de promover la equidad y erradicar la violencia.

José Pablo Díaz Marzi fue contratado en julio de 2025 para ejercer funciones jurídicas en la dirección regional de Magallanes, a cargo de Pamela Leiva Burgos. Para asumir el cargo renunció a un trabajo estable en la Región de Coquimbo y se trasladó con su familia hasta Punta Arenas. Según la demanda presentada ante el Juzgado del Trabajode Santiago, desde el primer día enfrentó un ambiente hostil: hostigamiento sistemático por parte de una funcionaria del área administrativa, descalificaciones, obstáculos para ejercer su trabajo -incluyendo la negativa a entregarle materiales básicos- y una jefatura que, según su relato, avaló esas conductas y las amplificó.

El punto de quiebre ocurrió el 29 de septiembre de 2025, día de su cumpleaños, cuando fue citado a la oficina de la directora regional, quien lo acusó a gritos y a puerta cerrada de actuar con violencia, y le exigió que pidiera disculpas a quien lo había hostigado. Díaz Marzi se quebró emocionalmente. Al día siguiente, el 30 de septiembre, se presentó en la Asociación Chilena de Seguridad, donde se activó un protocolo por acoso laboral conforme a la Ley Karin y se le otorgó licencia médica por enfermedad profesional.

Ese mismo día, según acredita la documentación obtenida vía Contraloría, la entonces directora nacional del Sernameg, Priscila Carrasco Pizarro, firmó la carta de aviso de no renovación de su contrato. Dos días después, el servicio dictó una resolución que acortaba su contrata del 31 de diciembre al 31 de octubre de 2025, sin notificarle formalmente la modificación. La demanda sostiene que esta secuencia constituye una represalia directa por haber activado los mecanismos de protección laboral, vulnerando la garantía de indemnidad y derechos constitucionales como la integridad psíquica, la honra y la libertad de trabajo.

“No es un hecho aislado”

Al dar a conocer su caso públicamente, Díaz Marzi fue enfático en que lo ocurrido con él no es una situación excepcional. En un correo enviado a medios de comunicación señaló que la misma situación la vivió la colega Valeska Moraga Carrera, quien fue removida de su cargo tras denunciar conductas de maltrato y prácticas antisindicales contra la directora regional Pamela Leiva Burgos. Moraga Carrera contaba con fuero sindical al momento de su desvinculación.

Díaz Marzi indicó además que los hechos ya fueron comunicados directamente a la seremi de la Mujer de Magallanes recientemente asumida, tanto por él como por otros funcionarios del servicio.

En la carta enviada a la ministra Marín -firmada electrónicamente el 20 de abril y con copia al Presidente de la República- Díaz Marzi señala que alrededor del 70% de los funcionarios de la dirección regional de Magallanes han sido víctimas directas e indirectas del liderazgo negativo ejercido por Leiva Burgos, a quien vincula con la exdirectora nacional Carrasco Pizarro y con Felipe Mansilla Montiel, asesor de gabinete de ésta última, ambos removidos de sus cargos. En la misiva solicita a la ministra que revise los antecedentes para resguardar los estándares institucionales del organismo.

“La situación descrita no sólo tiene implicancias individuales, sino que plantea una interrogante relevante respecto de la coherencia entre el mandato institucional del servicio y sus prácticas internas, especialmente cuando se trata de la protección de derechos fundamentales en el ámbito laboral”, escribió Díaz Marzi en la carta.

Daño moral y disculpas

Las repercusiones del proceso fueron significativas. Díaz Marzi debió abandonar el departamento que había arrendado en Punta Arenas, perdiendo la garantía pagada. Vendió su vehículo para solventar gastos de vida y tratamiento. No pudo retornar a su trabajo anterior en Coquimbo, al que había renunciado voluntariamente para asumir en el SernamEG.

La demanda solicita al tribunal que declare la vulneración de derechos fundamentales y condene al Sernameg al pago de once remuneraciones mensuales -equivalentes a poco más de 38 millones de pesos- más 50 millones de pesos por daño moral. También exige disculpas públicas en medios regionales y nacionales, y la realización de una charla obligatoria para todos los funcionarios del servicio a nivel nacional sobre derechos fundamentales en el trabajo.

SernamEG: “No existen denuncias en curso”

Desde el SernamEG Magallanes emitieron una declaración pública donde echan por tierra la afirmación de Díaz Marzi respecto de que se trataría de una situación generalizada y aseguran que en base a los registros institucionales “a la fecha no existen denuncias en curso ni resoluciones sancionatorias en contra de la directora regional Pamela Leiva Burgos”. Lo anterior en el marco de procedimientos internos asociados a violencia, acoso laboral o sexual.
Respecto de las declaraciones del exfuncionario, precisaron que su vínculo contractual con el Servicio correspondía a un contrato a plazo de tres meses que no fue renovado. Posterior a eso, el abogado realizó una acción judicial de tutela que se encuentra actualmente en tramitación. A su vez, relevan que desde la dirección regional se han implementado iniciativas de cuidado y fortalecimiento de equipos para evitar situaciones que degraden el clima laboral.

Finalmente formularon un llamado a “abordar con responsabilidad la difusión de antecedentes relacionados con procesos administrativos o judiciales” a modo de resguardar el debido proceso y evitar “afirmaciones que puedan afectar la confianza pública en una institución”.