Sociedad Club Hípico escala la expropiación a la Corte de Apelaciones y anuncia demanda por perjuicios

La expropiación del Club Hípico de Punta Arenas tiene un nuevo capítulo. El Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes publicó en el Diario Oficial del 1 de abril un decreto de desistimiento de la expropiación, argumentando falta de presupuesto. Pero los accionistas del Club Hípico no lo aceptaron y recurrieron judicialmente para impugnar ese acto administrativo. El Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas rechazó el recurso de reposición en primera instancia. Ahora la causa escala a la Corte de Apelaciones, donde se decidirá si la expropiación sigue adelante o queda sin efecto.

El abogado Felipe Molina Saavedra, que representa a los accionistas a través del estudio Expropiados.cl, explicó los fundamentos de la impugnación en entrevista con La Prensa Austral. A su juicio, el desistimiento tiene falencias de fondo: “El Ministerio de Vivienda señalaba como uno de sus fundamentos que podían desistir debido a que la indemnización no había sido retirada desde el tribunal. Sin embargo, la ley de expropiación establece que desde que la indemnización se deposita por parte del expropiante, ya se transfirió el dominio. Por lo tanto, esto es un error”.

En otras palabras, la defensa de los accionistas sostiene que el dominio del predio ya habría pasado al fisco de Chile en el momento en que la indemnización fue depositada ante el tribunal, independientemente de si fue retirada o no. Bajo esa lectura, el desistimiento posterior carecería de sustento jurídico. “Atendidos estos fundamentos erróneos es que estamos desplegando estos recursos para que el desistimiento sea revisado judicialmente y sea dejado sin efecto, y continuar con el proceso de expropiación”, señaló Molina.

Hasta la Suprema
si es necesario

La posición de los accionistas es clara: quieren que la expropiación siga adelante, que el predio quede en manos del fisco y que se determine una indemnización justa. Eso implica estar dispuestos a agotar todas las instancias judiciales. Si la Corte de Apelaciones no acoge su recurso, recurrirán a la Corte Suprema.

El trasfondo de esa postura tiene lógica económica. En marzo, los accionistas presentaron una reclamación exigiendo que la compensación definitiva ascienda a al menos 48.939 millones de pesos, más del doble de los 21.000 millones de pesos fijados por la comisión tasadora del Serviu. La diferencia en disputa supera los 27.900 millones. Los accionistas sostienen que el valor del suelo fue subvalorado: la comisión lo tasó en 94.190 pesos por metro cuadrado, mientras ellos exigen al menos 203.000 pesos por metro cuadrado.

Perjuicios

En paralelo, y con independencia del resultado en la Corte de Apelaciones, Molina prepara una demanda por los perjuicios causados por la expropiación desistida. La ley de expropiaciones contempla expresamente ese derecho: cuando el Estado se desiste de una expropiación, el expropiado puede reclamar los daños que ese proceso le generó, incluyendo los gastos en que incurrió para enfrentarlo. El abogado informó que la cifra estimada bordearía los 2.179 millones de pesos, monto que la sociedad ya solicitó retener al tribunal que lleva la causa.

“La ley de expropiación establece que frente al desistimiento, el expropiado tendrá derecho a reclamar los perjuicios que esa expropiación desistida le provocó. Esa es la acción que vamos a interponer dentro de los próximos días”, confirmó Molina.

El desistimiento

El decreto de desistimiento del Serviu llegó en un momento políticamente sensible. El 23 de marzo, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, envió un oficio al director del Serviu de Magallanes instruyendo el desistimiento de la expropiación, vinculándolo al Plan de Ajuste Fiscal que dispuso una reducción del 3% del gasto en todos los ministerios. La indemnización provisional -21.000 millones de pesos financiados a partes iguales por el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional- estaba depositada en el tribunal pero no había sido retirada por los accionistas, precisamente porque impugnan su monto.

El Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas ya rechazó el recurso de reposición interpuesto por los accionistas, concediendo la apelación subsidiaria ante la Corte de esta ciudad. Esa resolución no está firme. Mientras la Corte no se pronuncie, el proceso no está terminado.