AquaForum Patagonia: industria, académicos y gremios salmoneros apuntan hacia la Ley Lafkenche como freno al desarrollo

• El segundo panel se centró en la Reserva Nacional Kawésqar, que con 2,6 millones dehectáreas alberga 7.000 pescadores artesanales inscritos y 867 concesiones acuícolas.

Puerto Natales fue sede del AquaForum Patagonia, el encuentro anual del sector acuícola que reunió a autoridades, empresas, gremios, académicos y comunidades. El debate se organizó en torno a dos nudos regulatorios que, según los panelistas, están frenando el desarrollo productivo de la región: la Ley Lafkenche y los planes de manejo de áreas protegidas bajo la nueva Ley del Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas.

Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior en el gobierno de Piñera y hoy director ejecutivo del Centro de Incidencia Pública Pivotes, identificó tres problemas concretos en la aplicación de la ley. El primero es el efecto suspensivo: desde que se admite a trámite una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, se paraliza automáticamente cualquier otra concesión en ese territorio. El segundo es el silencio positivo: cuando las Comisiones de Uso del Borde Costero no logran quórum, la ley interpreta que su pronunciamiento es favorable a la solicitud. “La excepción en nuestro ordenamiento jurídico es el silencio positivo. Aquí es la regla general”, señaló.

El tercero es jurisprudencial: la Corte Suprema ha interpretado que las comisiones no pueden invocar incompatibilidad con actividades económicas para rechazar una solicitud, otorgando a los usos ancestrales una preferencia casi absoluta.

Sebastián Donoso, investigador de la Universidad Católica especializado en derecho indígena, fue más cauteloso. “Hay un sector importante de los pueblos indígenas que considera la Ley Lafkenche como un tesoro que no se puede tocar. Si no entendemos eso, nos va a costar mucho pensar en soluciones de largo plazo”, advirtió. Ambos coincidieron en que algunos ajustes pueden hacerse sin cambio legal, como exigir que las solicitudes vengan fundadas antes de activar la suspensión, y crear un expediente electrónico con trazabilidad pública.

Reserva Kawésqar
y planes de manejo

El segundo panel se centró en la Reserva Nacional Kawésqar, que con 2,6 millones de hectáreas alberga 7.000 pescadores artesanales inscritos y 867 concesiones acuícolas. Mónica Cortés, asesora de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, subrayó que la ley permite expresamente actividades económicas en las reservas -a diferencia de los parques- y exigió que los planes de manejo se basen en datos concretos. “No podemos seguir con planes que digan ‘sin datos, sin datos, sin datos’”, señaló.

Lorenzo Soto, doctor en Derecho Ambiental y asesor de comunidades Kawésqar, recordó que fue precisamente la acción judicial de esas comunidades lo que impidió que la Reserva Kawésqar quedara bajo la categoría de parque nacional, donde las actividades productivas están prohibidas, manteniendo la figura de reserva que permite la compatibilidad productiva.

Al cierre, los panelistas coincidieron en que cualquier modificación a la Ley Lafkenche debe ir acompañada de consulta indígena. “Aprobar cambios sin consulta sería un error garrafal”, advirtió Donoso.