Tribunal superior dirimirá si detenido por cultivo de Cannabis espera en la cárcel o en su casa el fin del proceso judicial
Nuevamente una denuncia anónima encendió las alarmas policiales y dio paso a una investigación por droga. Una persona fue detenida y este jueves terminó formalizada, a la espera de saber si entrará a cumplir prisión o será objeto de un arresto domiciliario total.
Este miércoles concluyeron las diligencias que dispuso la fiscal jefa de Punta Arenas, con especialidad en drogas, Johanna Irribarra, a funcionarios del OS-7 de Carabineros.
Fue así que este miércoles, alrededor de las 17,30 horas, Carabineros llegó al domicilio que había sido denunciado como punto de producción de droga, en calle Olegario Gómez.
Ahí estaba Cristián Torres Torres, alias “El Pipo”, de 31 años, quien permitió el ingreso a los policías y en la revisión encontraron una caja plástica con droga lista para ser comercializada, con 600 gramos de marihuana. Además de dos frascos y dos cajas de cartón. Y plantas en una carpa de cultivo “indoor” y Cannabis sativa en proceso de secado.
Como se detalló en la audiencia de formalización los policías encontraron 72 mil pesos producto de la venta de droga. Y, en total, más de 2 kilos de marihuana, suficiente para elaborar 2.100 dosis o cigarrillos, con un avalúo de 22 millones de pesos.
En contra del detenido se abrió una investigación por los delitos de cultivo de Cannabis sativa y tráfico de sustancias sicotrópicas.
Pese a prestar colaboración y no tener antecedentes penales, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva. Los argumentos se basan en que el imputado contaba con una infraestructura que harían presumir que hace tiempo se venía dedicando al cultivo y tráfico de marihuana. Tenía montado todo un sistema, con una gran producción.
Esto ratificado con todos los mensajes encontrados en el teléfono celular, que entregó y desbloqueó de forma voluntaria, y que daban cuenta de transacciones realizadas en el tiempo.
Pese a esto el juez de turno, Franco Reyes, no accedió. Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, defensa y Fiscalía, decidió imponer al imputado la medida cautelar de arresto domiciliario total.
Esto llevó al Ministerio Público a interponer una apelación verbal. Así que será la Corte de Apelaciones la que dirima dónde espera el imputado el término del proceso judicial: en el centro penitenciario o en su domicilio.




