Administración Kast a nivel regional asegura que el proyecto de Reconstrucción Nacional beneficiará a 4 mil empresas locales

La aprobación por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del proyecto de Reconstrucción Nacional, la iniciativa emblemática de los primeros meses de la administración del Presidente José Antonio Kast, fue celebrada por el seremi de Hacienda, Manuel Correa, y el vocero de Gobierno, Angel Roa, quienes expusieron ante los medios de comunicación las implicancias que tendrá este proyecto para Magallanes.

La iniciativa, que inicialmente surgió con el objetivo de financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales, amplió posteriormente su alcance incorporando una serie de modificaciones tributarias y administrativas impulsadas por el Ejecutivo.

Entre los principales cambios que contempla el proyecto se encuentra la reducción gradual del impuesto de primera categoría, cuya tasa bajará del 27% al 23%. Además, incorpora modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), mecanismos de convenios de pago para deudores del Crédito con Garantía Estatal (Cae) y ajustes al sistema de contribuciones.

Para el seremi Manuel Correa, estas medidas tendrán un impacto directo en Magallanes. “Estamos en una región que lleva más de 10 años sin crecimiento de población y con un desempleo creciente. Recibimos el gobierno con un desempleo del 6,6% y hoy enfrentamos una situación compleja”, sostuvo.

La autoridad añadió que el proyecto apunta a generar condiciones más favorables para la inversión privada y la creación de empleo formal. Según explicó, la rebaja tributaria y la simplificación del sistema impositivo permitirían beneficiar a más de 4 mil empresas regionales y proteger cerca de 37 mil puestos de trabajo formales.

“Lo que este gobierno está haciendo es tomar medidas de largo plazo, con una perspectiva de país, para poder reactivar la economía y generar muchas más oportunidades para todos los chilenos”, afirmó Correa.

Por su parte, el vocero Angel Roa destacó que el Ejecutivo está abierto a negociar con distintos sectores políticos para asegurar la aprobación del proyecto en el Congreso. En ese contexto, reconoció que los votos de parlamentarios independientes y regionalistas podrían resultar decisivos durante la tramitación legislativa.

“Estamos disponibles para dialogar y alcanzar acuerdos que permitan sacar adelante una iniciativa que apunta al desarrollo, la inversión y la generación de empleo”, afirmó. Sin embargo, también cuestionó el “tsunami de indicaciones” impulsado por sectores de oposición, señalando que “a uno le preocupa que realmente la intencionalidad no sea el bienestar de las personas, sino estorbar para que este proyecto siga avanzando”.

Durante la discusión en la comisión de Hacienda, algunos artículos fueron rechazados, entre ellos las modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual vinculadas al uso de inteligencia artificial, la eliminación de la franquicia tributaria Sence y normas relacionadas con transparencia en contratos de obras públicas.

El proyecto continuará ahora su tramitación en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo de la Cámara de Diputados antes de ser votado en sala y posteriormente pasar al Senado.

Debate sobre contribuciones

Uno de los puntos que ha generado mayor debate entre los alcaldes corresponde a la eliminación del pago de contribuciones para los adultos mayores respecto de su vivienda principal. La medida podría impactar los recursos que reciben las municipalidades a través del Fondo Común Municipal, el cual se financia, en gran parte, con la recaudación de este impuesto territorial.

Pese a las críticas manifestadas por algunos jefes comunales, el seremi de Hacienda defendió la iniciativa, asegurando que “es muy, muy buena, sobre todo para la clase media y para los abuelos de nuestra región”.

Correa sostuvo que el Ejecutivo ya comprometió mecanismos de compensación para evitar un perjuicio financiero a las municipalidades. “El gobierno se ha comprometido a compensar esos recursos”, afirmó la autoridad.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, el Estado deberá destinar alrededor de 150 millones de dólares para suplir la disminución de ingresos que provocará esta exención tributaria en el Fondo Común Municipal.