La Ley Lafkenche y la necesidad de equilibrio

La decisión del gobierno de José Antonio Kast de impulsar modificaciones a la Ley Lafkenche era, tarde o temprano, inevitable. No porque la normativa carezca de sentido o legitimidad en su origen, sino porque con los años se fue acumulando una tensión creciente entre la protección de espacios costeros para pueblos originarios y las necesidades de desarrollo productivo, principalmente de las regiones australes.

Magallanes conoce bien esa discusión.

Durante años, distintos sectores ligados a la pesca artesanal, la salmonicultura, el desarrollo portuario e incluso iniciativas turísticas han advertido que la expansión de solicitudes ECMPO terminó generando incertidumbre sobre amplias zonas del borde costero. No se trata simplemente de una discusión jurídica o administrativa. Está en juego el uso futuro del territorio marítimo en regiones donde el mar es parte esencial de la economía y de la vida cotidiana.

Por eso, el anuncio del Ejecutivo abre una oportunidad importante: revisar una ley que, aunque nació con objetivos legítimos de reconocimiento y protección cultural, hoy evidencia dificultades prácticas que requieren correcciones y mayor claridad.

Sin embargo, el debate exige responsabilidad y equilibrio. Porque tan equivocado sería negar los problemas actuales de la normativa, como transformar la discusión en una ofensiva contra los derechos de los pueblos originarios. La Ley Lafkenche surgió precisamente para reconocer una relación ancestral entre comunidades indígenas y el borde costero, una realidad histórica que durante décadas fue invisibilizada por el Estado.

El desafío, entonces, no es eliminar derechos, sino compatibilizarlos de mejor manera con el desarrollo regional.

En Magallanes esa convivencia resulta especialmente sensible. Aquí confluyen intereses productivos estratégicos, actividades tradicionales, conservación ambiental y también comunidades indígenas con legítimas aspiraciones de resguardo territorial y cultural. Cuando las reglas generan paralización, incertidumbre o conflictos permanentes, el problema no es únicamente económico, pues también se erosiona la convivencia regional.

Por eso es relevante que el gobierno entienda que esta discusión no puede quedar reducida a Santiago ni tampoco concentrarse únicamente en Puerto Montt. Las regiones australes tienen dinámicas distintas, geografías distintas y tensiones propias.

El riesgo de politizar excesivamente el tema es enorme. Cuando las posiciones se extreman, desaparecen los espacios para construir soluciones razonables. Ni el desarrollo productivo puede avanzar ignorando derechos indígenas, ni la regulación puede transformarse en un factor permanente de bloqueo para actividades esenciales en regiones extremas.

La revisión de la Ley Lafkenche puede ser una oportunidad para modernizar procedimientos, acotar incertidumbres y generar mayores certezas para todos los actores involucrados. Pero eso sólo será posible si el debate se realiza con diálogo real, participación regional y voluntad de equilibrio.