Dos décadas de promesas

Resulta difícil de procesar que, en pleno siglo XXI y dentro del radio urbano de una ciudad que proyecta modernidad, existan familias que aún dependan de la recolección de agua de lluvia para higienizarse o deban desembolsar sumas considerables para vaciar pozos sépticos. Esta es la realidad del pasaje “La Picada”, en el sector de Avenida Eduardo Frei, donde ocho familias han completado más de 20 años esperando por servicios básicos que el resto de la comunidad da por sentados.

La situación de este asentamiento, que data de 1995, es un monumento a la ineficiencia burocrática y al desfile de compromisos políticos incumplidos. Durante dos décadas, alcaldes, gobernadores y diversos funcionarios han visitado la zona, han prometido soluciones prontas y han asegurado que “la plata estaba”. Sin embargo, el tiempo ha pasado y la respuesta estructural nunca llegó, dejando a los vecinos atrapados en la precariedad sanitaria.

Es particularmente incisivo el argumento de que el bajo número de familias afectadas habría dificultado la priorización del proyecto. Este criterio de rentabilidad social o administrativa es, en el fondo, una forma de exclusión. Los derechos básicos a la salud y la dignidad no deberían estar sujetos a una métrica de cantidad de usuarios, sino a la urgencia de la necesidad humana. Para Leonarda Escobar y sus vecinos, pagar 90 mil pesos por limpiar una fosa o tener que ir a casas de familiares para lavar ropa no es una anécdota, es una falla del sistema público.

El reciente anuncio sobre la liberación de 160 millones de pesos y el traspaso del proyecto a Aguas Magallanes para su adjudicación representa, al fin, una luz de esperanza concreta. El objetivo técnico es claro y se basa en conectar el pasaje a la matriz de Avenida Frei. No obstante, es comprensible que la comunidad mantenga una cautela absoluta. Tras seis años de espera desde que un alcalde les prometió una solución “pronta” en un aniversario comunitario, la fe en las instituciones se ha desgastado hasta el límite.

En esta edición -tanto con la exposición del caso como con esta editorial-, no sólo se busca visibilizar el caso de La Picada, sino aportar a que la fase final de este proceso sea tratada con la celeridad que la deuda histórica demanda. No se trata de un favor gubernamental, sino del pago de una deuda de dignidad que el Estado tiene con estos ciudadanos desde hace un cuarto de siglo. Es imperativo que las “observaciones administrativas” dejen de ser un muro y que, de una vez por todas, el agua potable y el alcantarillado dejen de ser una promesa para convertirse en un hecho. Los vecinos de La Picada no pueden esperar otros veinte años.