La confesión que complica a una asistente social ya que no sería la primera vez que ingresa celulares a la cárcel

En 24 horas se amplió la detención de la asistente social sorprendida este martes 26 de mayo tratando de ingresar a la cárcel dos teléfonos celulares destinados a reclusos.

La fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, hizo esta solicitud ante la necesidad de recabar mayores antecedentes y clarificar otros. Sobre todo porque existirían dos versiones.

La que entregó la propia imputada, cuya identidad se prohibió divulgar, de que el delito lo cometió porque estaba amenazada por un hombre que cumple condena en el centro penitenciario local.

Por instrucciones de la Fiscalía, funcionarios de Gendarmería dieron con el paradero de esta persona. El allanamiento al módulo donde habita dejó un saldo de a lo menos 5 aparatos celulares.

La otra versión emanó del propio interno, que declaró que le pagaba a la profesional por ingresar estos dispositivos.

La fiscal dio cuenta al tribunal de la gravedad del delito que se investiga, a partir de que la profesional cumple una función pública, dada su calidad de asistente social de la Defensoría Penal Licitada Penitenciaria.

Entre las diligencias pendientes, y que dieron paso a la ampliación de la detención, está la revisión del contenido de los teléfonos celulares, tanto de la asistente social como de los incautados en la cárcel, y así confirmar o descartar eventuales nexos. Labor a la que está abocada la policía.

Interno

Con la declaración que entregó el interno a la Fiscalía, complicó la situación penal de la mujer, al señalar de que “esta no es una situación aislada, sino más bien común, que lleva tiempo en un negocio con la imputada, donde se le cancelaban distintas sumas de dinero, para efectos de que ella ingresara celulares”.

En la misma confesión señaló que ya le habían transferido un millón 700 mil pesos. Y el último pago fue de 400 mil pesos, por el mismo servicio.

El recluso dijo tener como respaldar sus dichos, dado que le tomó “pantallazos” a las conversaciones con la imputada, y de cada una de las transferencias electrónicas, algunas remitidas al hijo de la asistente social.

Frente a dos declaraciones, completamente contradictorias, es que la fiscal pidió un plazo de 24 horas extras, dado que la policía se encuentra trabajando de lleno en el peritaje de los celulares.

Defensa penal

La defensa de la imputada, que fue asumida por la propia Defensoría Penal Pública, órgano para el que la profesional prestaba servicios a través de la Defensoría Penitenciaria Licitada, se opuso a la solicitud del Ministerio Público, pero el juez Ignacio Low entendió los argumentos de fondo y resolvió que la formalización será esta mañana, a las 10,30 horas.