Fiscal estableció que trabajadora social recibió pagos para ingresar al menos tres celulares a la cárcel

Al mismo recinto penal donde habitualmente ingresaba como asistente social, este viernes entró pero en calidad de imputada la mujer sorprendida por Gendarmería tratando de ingresar dos celulares escondidos en un cuaderno, al interior de una carpeta.

La fiscal Johanna Irribarra la formalizó por el delito de cohecho agravado, en carácter de reiterado. Esto porque prestaba funciones en la Defensoría Penitenciaria Licitada, y en tal condición desarrolla una función pública.

Con los cargos imputados, a partir de la información que recabó en las últimas horas, pidió la prisión para D.A.L.A. (quedó prohibida la divulgación de sus nombres y apellidos).

El punto principal de discusión versó sobre si tenía o no la calidad de “funcionaria pública”. De ahí el delito de “cohecho”, que a juicio de la defensa no la tiene. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado sostuvieron lo contrario. Finalmente el juez Ignacio Low dijo que detentaba tal condición.

Celulares

De acuerdo a la información que entregó la fiscal, desde abril de este año la imputada prestaba una función pública para la Defensoría Penal Penitenciaria Licitada.

Como tenía contacto frecuente con los internos, por los informes que debía preparar, “infringiendo sus deberes funcionarios, solicitó sumas de dinero para ingresar aparatos telefónicos a dependencias del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas”, señaló durante la formalización cargos.

Este mes, y previo acuerdo con el recluso condenado, José Navia Riquelme, conocido como “Nacho”, procedió a ingresar celulares y cargadores para esta persona, vulnerando sus deberes como asistente social.

El pago que recibió por esta entrega ascendió a los 200 mil pesos. 

Luego, el 11 de mayo, el mismo sujeto transfirió 300 mil pesos al marido de la asistente social, para que la esposa ingresara otros celulares. Existen antecedentes de que cumplió con el encargo.

Posteriormente, el martes 26 de mayo, cuando procedía a realizar la misma tarea, fue descubierta por los gendarmes.

Luego de pasar por su cuerpo la paleta detectora de metales le preguntaron si portaba elementos prohibidos. La respuesta fue negativa. Pero cuando revisaron la carpeta que llevaba encontraron dentro de un cuaderno dos celulares marca Motorola, un cargador y un cable USB, cuyo destinatario era el mismo interno que posterior a la entrega le cancelaría.

Prisión

Al pedir la prisión preventiva la fiscal dio a conocer antecedentes que, de forma preliminar, comprometen penalmente a la detenida.

Por ejemplo dio cuenta de “claros indicios de que hubo pagos para la entrega de celulares, al menos tres”. Con un concierto previo con el interno mencionado.

“Tenía una pyme para el ingreso de estos teléfonos celulares”, manifestó Irribarra.

Posteriormente Gendarmería realizó un allanamiento en el Modulo E, donde sorprendieron al interno mencionado manipulando un celular.

Al tomarle declaración, en calidad de imputado, dijo que esperaba la visita de la asistente social, porque le llevaría dos celulares, correspondientes a un pago anterior por cuatro de estos dispositivos, a razón de 100 mil pesos cada uno.

Incluso en un comienzo la profesional le habría solicitado 700 mil pesos para cubrir un arriendo.

“Ella se aprovechó de la función que cumplía, tenía la plena seguridad de que no sería descubierta, pero jamás imaginó que el interno guardaba pantallazos de las conversaciones y de los pagos”, expresó la fiscal.

“Ella me mintió derechamente cuando le tomé declaración, porque me dijo que había sido amenazada para ingresar los celulares”.

Luego de una extensa audiencia, donde la defensa de la mujer, representada por Ramón Bórquez y Pablo Santander, se opuso a la prisión preventiva, finalmente el magistrado dio lugar a la medida cautelar solicitada.

Además la imputada registra una causa suspendida condicionalmente por el delito de hurto, pidiéndose audiencia para solicitar la revocación del beneficio.