Empresas no informaron a la Dirección del Trabajo del accidente fatal en Zona Franca: “Se instruyó una fiscalización de oficio”

A dos semanas del accidente que costó la vida a un trabajador al interior de la Zona Franca de Punta Arenas, el secretario regional ministerial del Trabajo, José Miguel Salas, entregó a La Prensa Austral un dato hasta ahora desconocido y que compromete a las empresas involucradas: la Dirección del Trabajo nunca fue informada del accidente, pese a que la Ley 16.744 obliga a las empresas a hacerlo de manera inmediata cuando se trata de un accidente grave o fatal.

“Al tomar contacto con la Dirección del Trabajo se nos informa que no han sido informados de este evento, de este accidente, por lo cual se instruye o se determina la realización de una fiscalización de oficio”, confirmó Salas, quien precisó que dos fiscalizadoras concurrieron al lugar al día siguiente del hecho -un lunes- para analizar los primeros antecedentes.

El incumplimiento de informar es una falta administrativa por sí misma y se suma al fondo del caso, que ya está bajo investigación.

Más allá del incumplimiento formal, el seremi hizo una declaración política que apunta al núcleo del caso. “Existen antecedentes claves donde se hace mención, por ejemplo, que había viento, había condiciones climáticas adversas, por ende esa faena, entendemos, no debió haberse realizado”, afirmó Salas, quien subrayó que las empresas deben aplicar la normativa de higiene y seguridad “a rajatabla”, especialmente en faenas en altura como la que terminó con la grúa alzahombres volcada.

Cabe señalar que la vocería del seremi del Trabajo se da luego de que este medio haya requerido de información del caso a la Dirección del Trabajo, quienes indicaron no poder referirse por estar en etapa de investigación.

Testimonios contradictorios e investigación penal

La fiscalización de oficio reveló además que existen testimonios que difieren respecto de lo ocurrido, lo que está en pleno análisis. La autoridad también confirmó que la Policía de Investigaciones se hizo presente el día del accidente en dependencias del Hospital Clínico de Magallanes, por instrucción del Ministerio Público. Incluso en el sitio del suceso, los detectives repararon en haber sido informados tarde del asunto y dada esa tardanza no pudieron acceder a las pericias preliminares el mismo día de ocurrido el accidente, sino al día siguiente.

“Pueden emanar responsabilidades laborales, administrativas, civiles. Hay distintos tipos de responsabilidades”, precisó el seremi de Trabajo.

Otro elemento que la investigación deberá esclarecer es la naturaleza del vínculo laboral del fallecido, ya que aún no hay certeza si era trabajador bajo el Código del Trabajo o si prestaba servicios bajo otra modalidad. A eso se suma su situación migratoria: era extranjero y la autoridad aún no tiene confirmación de si se encontraba regular o irregular en el país, lo que podría ampliar el alcance de la investigación laboral.

Pese a esta declaración, la propia Policía de Investigaciones confirmó el primer día de sus peritajes que el trabajador se encontraba en situación irregular, aunque autodenunciado ante Migraciones de la PDI.

El seremi indicó que la Dirección del Trabajo ha tomado contacto con la familia y que esta entregó “antecedentes relevantes” para la causa.

Dos accidentes fatales

Salas, quien trabajó siete años en la Dirección del Trabajo antes de asumir como seremi, contextualizó la preocupación que existe a nivel político. “Históricamente los accidentes fatales en la región no son muy comunes, son más bien residuales. Sin embargo, nos tiene preocupados esta materia producto de que ya hemos visto dos accidentes fatales en el último tiempo”, señaló, vinculando el caso de la Zona Franca con el fallecimiento del pescador Gonzalo Oyarzo en Puerto Williams, ocurrido el 12 de mayo. Ese caso también se encuentra en proceso de fiscalización laboral.

Las fiscalizaciones de este tipo tienen un plazo legal de 30 días para la elaboración del informe final, plazo que en este caso vence en aproximadamente dos semanas. La autoridad solicitó un preinforme adelantado, actualmente en proceso. El informe final podrá determinar la existencia de responsabilidades administrativas y eventuales multas a los responsables. Esas sanciones, aclaró Salas, son distintas a las penas que pueda determinar el Ministerio Público y tampoco implican indemnizaciones para la familia, que tendría que recurrir a la vía civil para reclamar una eventual responsabilidad por estos hechos.