Gobierno Regional solicitó la devolución de tres viviendas fiscales y estudia plan para remodelación de este tipo de inmuebles

Cercos en mal estado, problemas a la hora de pasar la certificación del gas natural y fallas de infraestructura provocadas por la antigüedad son algunos de los problemas que enfrentan varias viviendas fiscales ubicadas en la región, gran parte de ellas habitadas desde hace varias décadas por funcionarios públicos. Dicha situación está siendo estudiada por la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional (Gore), quienes evalúan la posibilidad de montar un proyecto de reparación integral de estas viviendas.

Mientras tanto, tres funcionarios públicos tuvieron que devolver al Gore la vivienda fiscal en la que habitaban, así lo confirmó el jefe de la División de Administración y Finanzas, Diego Sierpe.

El Gobierno Regional de Magallanes administra 55 viviendas; algunas se encuentran ubicadas en avenida Costanera, villa Las Naciones y en el sector de Gabriela Mistral, en Natales. Tres de estas son ocupadas por trabajadores del Gobierno Regional.

El resto son utilizadas por funcionarios de la Seremi de Minería, Desarrollo Social, Sernapesca, Indap, Seremi de Gobierno, entre otras instituciones. El funcionario con más años ocupando una vivienda fiscal se desempeña en la Seremi de Minería y habita en un departamento desde el 27 de febrero de 1990, lo que equivale a aproximadamente 36 años de uso continuo.

Sierpe explicó que están trabajando en un manual de procedimiento para reglamentar el tema, pero que tuvieron que enviar una consulta a Contraloría para determinar si el plazo de ocupación de la vivienda es retroactivo. “Porque si fuera así, la verdad es que cerca del 95% de la gente tendría que devolver la vivienda”, aseguró.

A comienzos de mayo, Contraloría ordenó a ministerios, municipios, Fuerzas Armadas y servicios públicos regular el uso de viviendas fiscales y municipales, tras detectar casos de ocupación indefinida, uso irregular y falta de mantención.

El organismo instruyó fijar plazos máximos de utilización, protocolos de asignación, mecanismos de control y causales de término del beneficio. Además, estableció que tanto la entrega como la restitución de las viviendas deberán realizarse mediante actos administrativos fundados, dando un plazo de 60 días hábiles para actualizar los reglamentos internos.

Plan para remodelar casas

Consultado sobre el deterioro progresivo de muchas de las viviendas fiscales, Diego Sierpe explicó que con el presupuesto de funcionamiento del Gore no alcanza para cubrir todas las necesidades que tienen estas casas, por lo cual se evalúa levantar un proyecto y presentarlo a sanción del Consejo Regional. Esto corre en paralelo al cumplimiento del dictamen de Contraloría, que permite regular el uso de estas propiedades y establece plazos concretos de ocupación de viviendas destinadas a atraer profesionales a Magallanes en la década de los 70.

El Gore Magallanes no es el único que tiene viviendas fiscales. El Ministerio de Obras Públicas cuenta con más de 50, varias de ellas emplazadas en calle Carrera y Torremolinos. Consultado por el estado de estas propiedades, el seremi Alejandro Marusic explicó que existe una serie de reparaciones que están a cargo del trabajador, como pintar la fachada, arreglar el jardín o reparar una llave en mal estado, mientras que el ministerio se hace cargo de reparaciones de infraestructura como una fuga de gas o cañerías.

“El ministerio no paga ningún servicio básico, salvo que la casa esté desocupada; en ese caso tenemos que asumir, digamos, los costos de mantención mínima”, recordó. Marusic explicó que todos los años se dispone una partida presupuestaria menor para este tipo de arreglos. Agregó que existe un reglamento para la asignación de viviendas fiscales y que esta depende de las respectivas direcciones nacionales del ministerio.

“Depende de las necesidades del servicio y los requerimientos del funcionario, siempre que mantenga las mismas condiciones que tenía al momento en que se le fue asignada”, precisó Marusic. Dentro de esas condiciones se encuentra que el funcionario no sea él o su cónyuge poseedor de otros inmuebles.

“Hay un pequeño porcentaje, digamos, que se asigna a habitar una casa fiscal, pero que no es una cantidad relevante”, indicó al ser consultado sobre el arriendo que pagan quienes tienen asignada una vivienda.

El Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de fiscalizar el buen uso de estos inmuebles.