Cuenta pública y Magallanes

La primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast dejó sensaciones encontradas en Magallanes. Como ocurre con frecuencia en este tipo de mensajes, hubo anuncios que responden a inquietudes presentes en buena parte del país y que merecen una valoración positiva, especialmente en materias vinculadas a seguridad pública, reactivación económica, empleo y modernización del Estado.

Sin embargo, desde la perspectiva regional, la sensación predominante fue la de una oportunidad desaprovechada para abordar con mayor profundidad los desafíos específicos de las regiones extremas, entre ellas Magallanes.

Nadie puede desconocer que la seguridad se ha transformado en una de las principales preocupaciones ciudadanas. En ese sentido, el énfasis puesto por el gobierno en fortalecer el combate al crimen organizado, recuperar espacios públicos y reforzar el control fronterizo responde a una demanda legítima de la población. Del mismo modo, los anuncios orientados a estimular la inversión y el crecimiento económico apuntan a un objetivo indispensable para cualquier administración: generar empleo y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Para Magallanes, además, resulta especialmente relevante la intención de avanzar en un nuevo estatuto laboral para el turismo, actividad que constituye uno de los principales motores económicos de la región. La estacionalidad propia de este sector requiere marcos normativos que reconozcan su realidad y permitan compatibilizar competitividad con protección laboral.

No obstante, una cuenta pública presidencial es también una instancia para proyectar una visión de país y para reconocer la diversidad territorial que caracteriza a Chile. Es precisamente en ese ámbito donde el mensaje presidencial dejó vacíos difíciles de ignorar.

Las regiones extremas enfrentan desafíos que no siempre son visibles desde Santiago. Magallanes esperaba escuchar señales claras respecto del desarrollo antártico, la consolidación de inversiones estratégicas, el fortalecimiento de los instrumentos destinados a las zonas extremas y una agenda robusta de descentralización que entregara mayores capacidades de decisión a los territorios.

No se trata de exigir privilegios ni tratamientos especiales. Se trata de reconocer que la realidad de una región ubicada a más de tres mil kilómetros de la capital requiere respuestas distintas a las que pueden resultar adecuadas para la zona central. La equidad territorial no consiste en aplicar las mismas políticas en todas partes, sino en comprender que los desafíos son diferentes y que las soluciones deben adaptarse a esa diversidad.

Toda cuenta pública debe ser evaluada tanto por lo que anuncia como por lo que omite. La del Presidente Kast deja señales positivas en ámbitos que preocupan a la ciudadanía, pero también confirma que la tarea de instalar a las regiones en el centro de las decisiones nacionales sigue siendo una deuda pendiente.