EE.UU. propone arancel de 12,5% a Chile por supuesta falta de medidas contra el trabajo forzoso

Estados Unidos propuso aplicar un arancel adicional de 12,5% a las importaciones provenientes de Chile, en el marco de una investigación comercial que acusa al país de no contar con medidas suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La iniciativa forma parte de una ofensiva comercial impulsada por la administración del presidente Donald Trump que afecta a 60 economías alrededor del mundo.

La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), organismo que concluyó que Chile integra un grupo de 54 países que no han logrado establecer ni hacer cumplir de manera efectiva una prohibición sobre la importación de productos elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso. Según el informe, esta situación genera una competencia desleal para los trabajadores y empresas estadounidenses.

De concretarse, el gravamen representaría un aumento respecto del arancel temporal de 10% que actualmente afecta a diversos socios comerciales de Estados Unidos. La propuesta contempla una tasa de 12,5% para aquellos países que, a juicio de Washington, no cuentan con un sistema eficaz de control y fiscalización, mientras que otras economías recibirían una tarifa de 10%.

Desde el gobierno chileno, el canciller Francisco Pérez Mackenna llamó a la cautela y subrayó que se trata de una propuesta que aún se encuentra en etapa de consulta pública. La autoridad aseguró que Chile ha participado activamente en todas las instancias del proceso y continuará las conversaciones con las autoridades estadounidenses para resguardar los intereses nacionales y del sector exportador.

Asimismo, el ministro destacó que el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos sigue plenamente vigente y afirmó que el Ejecutivo mantendrá las gestiones diplomáticas necesarias para evitar impactos negativos sobre el intercambio comercial bilateral.

La propuesta de la USTR será sometida a un proceso de consultas y audiencias públicas durante junio y julio antes de que Washington adopte una decisión definitiva sobre la eventual aplicación de los nuevos aranceles.