Autoridades y control de drogas

La exigencia de controles antidrogas obligatorios para autoridades de gobierno representa una de las medidas más visibles impulsadas por la actual administración en materia de probidad y confianza pública. Más allá de las legítimas diferencias políticas que pueda suscitar, el principio que la inspira resulta difícil de cuestionar, en cuanto quienes tienen responsabilidades de conducción del Estado deben someterse a estándares de transparencia equivalentes o superiores a aquellos que se exigen al resto de los ciudadanos.

En Magallanes, es importante resaltar que la autoridad que representa al Presidente Kast ya cumplió con tal obligación, marcando la pauta para el resto de su gabinete y otras jefaturas sometidas a tal requerimiento.

Empero, a pocas semanas del vencimiento del plazo legal, todavía existen jefaturas que no han completado el procedimiento, no necesariamente por falta de voluntad, sino debido a problemas operativos, licitaciones desiertas y una evidente insuficiencia de la oferta de laboratorios certificados para realizar este tipo de exámenes.

Resulta paradójico que una obligación legal que fue presentada como una señal potente de control y fiscalización termine enfrentando obstáculos derivados de la propia capacidad del Estado para implementarla. Las normas no sólo deben ser exigentes; también deben ser viables. Cuando una política pública depende de una infraestructura insuficiente o de proveedores escasos, el riesgo es que la discusión termine desviándose desde el objetivo de fondo hacia las dificultades administrativas de su ejecución.

Con todo, sería un error perder de vista lo esencial. La ciudadanía tiene derecho a conocer si quienes toman decisiones en su nombre cumplen con las condiciones que la ley establece para ejercer sus cargos. La confianza en las instituciones no se construye únicamente mediante discursos o declaraciones de buenas intenciones. Se fortalece cuando existen mecanismos concretos de control y cuando éstos se aplican de manera universal, sin excepciones ni privilegios.

La discusión sobre los controles antidrogas no debería transformarse en una cacería de brujas ni en un espectáculo mediático. Su valor radica precisamente en lo contrario: en normalizar la rendición de cuentas. Cuando las reglas son claras, se aplican a todos y los resultados son públicos, el control deja de ser un acto excepcional para convertirse en una práctica institucional.

La transparencia no puede depender de la confianza personal que inspire una autoridad ni de la afinidad política que genere. Debe descansar en procedimientos objetivos, verificables y públicos. Si esta nueva normativa contribuye a fortalecer esa cultura, habrá cumplido un propósito que trasciende largamente el resultado de cualquier examen.