Municipio clausura residencia para adolescentes aunque ocupantes habían sido trasladados a otro lugar cinco días antes

La Municipalidad de Punta Arenas clausuró este jueves la propiedad de Avenida Jorge Alessandri que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SPE) destinó como residencia para adolescentes, luego de que vencieran dos prórrogas -casi tres meses en total- sin que el organismo obtuviera la recepción definitiva de obras que exige la Ley de Urbanismo y Construcciones. La clausura se ejecutó por decreto alcaldicio la mañana de ayer, sin encontrar personas en el interior.

El alcalde Claudio Radonich enfatizó que la medida responde estrictamente a la norma de construcción, que rige por igual para obras públicas y privadas, y que es independiente de los problemas judiciales y vecinales que arrastra el inmueble. Relató que el municipio sostuvo reuniones con el servicio desde octubre y noviembre del año pasado para definir las mejoras necesarias, que en marzo se otorgó una primera extensión de plazo y luego una segunda que venció el 13 de junio, y que durante las últimas tres semanas -con el plazo ya vencido- no hubo ningún contacto del servicio con el municipio. “Lo único que hicimos, después de 70 días de prórroga, es cumplir la ley”, señaló.

El director de Obras Municipales, Alex Saldivia, detalló que el problema se originó cuando el servicio trasladó funciones a una vivienda sin contar con el cambio de destino ni las adecuaciones que requiere una residencia de menores. Entre los trabajos pendientes mencionó modificaciones interiores para el nuevo uso, la construcción de muros cortafuegos y obras de accesibilidad desde calle Alessandri -que por su alto flujo vehicular exigiría obras de mitigación, posiblemente una pista de desaceleración- . Saldivia precisó que antes de la clausura el servicio ya había recibido al menos tres multas, por lo que “no es un tema nuevo”.

Radonich puso especial énfasis en que la casa no quede abandonada. “Es un lugar muy grande, con un sitio muy grande, y lo que buscamos es que no se transforme en un punto de inseguridad para los vecinos del sector residencial”, advirtió, llamando al servicio a resguardar el inmueble mientras no se regularice. Para reanudar trabajos, el organismo deberá solicitar el levantamiento parcial de la clausura, y sólo tras obtener la recepción definitiva podrá habitar la vivienda.

La clausura se produce en un contexto especialmente sensible. La propiedad -comprada en $797 millones al juez tributario y aduanero Sergio Vera Aparicio- es objeto de un sumario ordenado por la Contraloría en abril contra el Gobierno Regional y el Servicio de Protección Especializada, que detectó seis irregularidades en la adquisición, incluida la compra directa sin licitación y un eventual conflicto de interés del gobernador Jorge Flies. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. A ello se suman conflictos con los vecinos del sector, que llegaron a acuerdos con el servicio que, según afirmó Radonich, no se han cumplido.

La clausura coincide además con el traslado esta semana de los adolescentes nuevamente a la propiedad de calle Kuzma Slavic, recinto que habían dejado tras un incendio.