Delegada Farías confirma auditoría en Mejor Niñez y dice que “no hay fecha” para concurso de la dirección regional

La residencia para adolescentes adquirida por el Gobierno Regional para el Servicio de Protección Especializada, conocido popularmente como Mejor Niñez, ha estado en el foco de la polémica desde un inicio debido a las irregularidades detectadas por Contraloría en su adquisición, el rechazo de los vecinos a la llegada de estos menores al barrio, y las incivilidades que se han registrado en la vivienda, que durante unos meses fue utilizada tras un incendio ocurrido en otra residencia emplazada en el sector norte de la ciudad, lo que obligó a habitar la casa antes de que iniciaran los proyectos de remodelación previos a la ocupación; la semana pasada anotó un nuevo episodio tras ser clausurada por el municipio debido al incumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Todo esto puso en el ojo del huracán a la directora regional del Servicio de Protección Especializada, Lorena Guala, quien sólo se refirió al conflicto a través de un comunicado, mientras que las seremis que tienen bajo su tutela este servicio no se pronunciaron sobre la clausura.

A varios días de ocurrido este conflicto, la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, salió al paso asegurando que Lorena Guala “se encuentra en calidad de directora subrogante” y que permanecerá en el cargo hasta que se llame a concurso a través del Sistema de Alta Dirección Pública. “Todavía no tenemos una fecha determinada. Hasta el momento está la actual directora, ejerciendo las funciones que le corresponden en su cargo”, dijo al ser consultada sobre cuándo se llamará a concurso para este puesto.

La máxima autoridad del gobierno de Kast en Magallanes confirmó la existencia de una auditoría instruida a nivel nacional para analizar todos los problemas generados en la residencia para adolescentes emplazada en el sector sur. “Es para ver detalles también de cómo está funcionando el servicio”, detalló Farías en conversación con La Prensa Austral.

“Obviamente después de una auditoría eso puede derivar en un eventual sumario”, cerró Farías.

La clausura se produjo en un contexto especialmente sensible. La propiedad -comprada en $797 millones al juez tributario y aduanero Sergio Vera Aparicio- es objeto de un sumario ordenado por la Contraloría en abril contra el Gobierno Regional y el Servicio de Protección Especializada, que detectó seis irregularidades en la adquisición, incluida la compra directa sin licitación y un eventual conflicto de interés del gobernador Jorge Flies. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público. A ello se suman conflictos con los vecinos del sector.