Removida suboficial que perdió recurso de protección ahora contraataca con demanda laboral al general de Carabineros

El jefe de Zona de Carabineros de Magallanes, Marco Antonio Alvarado, declaró este lunes ante los medios de comunicación locales sus primeras palabras sobre el caso de tutela laboral ingresado en su contra ante el Juzgado de del Trabajo de Punta Arenas. “No he sido notificado de ningún tipo de recurso”, aseguró Alvarado, indicando tener “la absoluta tranquilidad del trabajo que estoy haciendo”.

“Si el día de mañana soy notificado al respecto, daré las explicaciones que corresponden en los lugares que corresponden”, continuó el general Alvarado en sus declaraciones. Sin embargo, consultado si se ha instruido algún sumario por esta situación, indicó que “hay investigaciones que se están desarrollando en forma administrativa (…) Pero más allá de eso, no me quiero referir, porque, insisto, no he sido notificado de nada”.

El caso trascendió públicamente el sábado, cuando el medio digital Contrapoder publicó los primeros antecedentes de la acción judicial, informando que el pasado 17 de junio fue interpuesta la tutela laboral en contra del general Alvarado.

Carrera de 35 años

Nelty Alvarez llegó a Punta Arenas en enero de 2021 con la intención de quedarse. Tras décadas de carrera, donde fue una de las primeras mujeres en obtener el curso de Escolta de Personas Importantes (EPI) en Carabineros, se desempeñó como protección personal de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Adriana Muñoz y luego como asistente personal de la expresidenta Michelle Bachelet durante todo su primer mandato.

Fue promovida al rango más alto del personal de nombramiento institucional siempre con calificaciones de excelencia y buscaba terminar su servicio en el sur, como suboficial mayor. Era la suboficial mayor más antigua de la institución hasta que fue removida.

El 6 de marzo del año pasado, durante una práctica de tiro en el Regimiento Chorrillos, Alvarez advirtió al teniente Carlos Campos Pérez que no la gaseara (cuando un funcionario es sometido a la acción de gases) porque había sido operada de los ojos recientemente. “Me había sometido a una cirugía de reparación en los ojos y yo le digo al teniente que estaba a cargo que no me gaseara, que es algo común en las prácticas de tiro. Le digo que me habían sometido a una intervención quirúrgica, pero él no hace caso y al lado mío prende una mecha artesanal”, relata Nelty en conversación con La Prensa Austral.

“Mis ojos como que me estallaron, quedé sin visión por unos minutos”, continúa. La especialista le diagnosticó lagrimales taponados por el gas; estuvo cerca de un mes y medio con corticoides y el 8 de mayo, prácticamente dos meses después del incidente, fue sometida a una cirugía en ambos ojos, con 60 días de licencias postoperatoria.

Carabineros nunca abrió sumario: la investigación se mantuvo en primeras diligencias. En su informe ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, lugar donde llegó Nelty con un recurso de protección, la institución describió la acción del teniente Campos Pérez como parte de “la preparación anual de los funcionarios”.

“Yo entré a un polígono de tiro en buenas condiciones y salí mal. De eso hay más de 20 testigos, entonces no corresponde. Nunca se hizo un sumario, solamente primeras diligencias. Y después que la Comisión Médica me dé de baja y diga que es una enfermedad común, no corresponde. Por eso tomé la decisión de poner una tutela laboral”.

“Empieza a gritarme
y se descoloca”

Cuando Alvarez solicitó audiencia al general Marco Antonio Alvarado Díaz, para exponer lo ocurrido, la reunión derivó en el episodio central de la tutela laboral que hoy se tramita ante el Juzgado d del Trabajo de Punta Arenas. Según consta en la acción judicial, Alvarado comenzó a gritarle. “Le manifesté que no era posible que él siendo un general de Carabineros perdiera el control y me gritara de esa forma”, relató Alvarez.

“Yo había pedido conducto regular para hablar con el jefe de zona y exponerle mi situación y ahí es donde se produce el maltrato laboral. Porque en vez de escucharme, empieza a gritarme y se descoloca completamente, porque no están acostumbrados que uno reclame”, explica Nelty.

Lo que siguió fue una serie de actos administrativos que Alvarez y su representación legal califican como acoso.

El 9 de febrero de este año se interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. La institución reconoció en su informe al tribunal que el cese se originó en un “error administrativo” propio: la Zona de Magallanes había omitido formalizar la comisión de servicios de Alvarez desde marzo de 2024. Ante la presión judicial, Carabineros invalidó su propia resolución el 18 de febrero mediante la Resolución Exenta N°92. La Corte rechazó el recurso el 16 de marzo de 2026, no por avalar la conducta institucional, sino porque el acto ya había sido revertido y la acción había perdido oportunidad.

Ministra de la Mujer

Antes de llegar a los tribunales, Alvarez intentó otras vías. Viajó a Santiago y entregó sus antecedentes en el Ministerio de la Mujer, donde se reunió con la jefa de gabinete y una asesora. La respuesta posterior fue que la cartera solo intervenía en casos de violencia intrafamiliar, no de instituciones. También se encontró de manera fortuita con el presidente José Antonio Kast en la calle Morandé; su asesor, de apellido Valenzuela, tomó nota y nadie la llamó. “Días después de ese encuentro me dieron de baja”, contó. Tuvo que entregar la casa fiscal en 60 días, pagar su propio traslado a Viña del Mar y asumir deudas médicas que Carabineros no reconoció como derivadas de una lesión en acto de servicio.

El 17 de junio, Alvarez interpuso una tutela laboral ante el Juzgado Laboral en contra del general Alvarado, por acoso laboral, vulneración de derechos fundamentales y retiro forzado. El tribunal la acogió a tramitación y fijó la primera audiencia para el 4 de agosto.