“No más declaraciones irresponsables”: diputada Morales exige medidas urgentes ante crisis de salud mental

En un escenario marcado por cifras alarmantes y una reciente polémica que involucra al delegado presidencial de Ultima Esperanza, la diputada Javiera Morales Alvarado ingresó un oficio dirigido al Ministerio de Salud y a la Secretaría General de la Presidencia para exigir acciones concretas y financiamiento que fortalezcan la red de atención psiquiátrica en la Región de Magallanes.

La parlamentaria fundamentó su solicitud en la preocupante realidad estadística de la zona: a junio de 2026, Magallanes ya registra más de 20 suicidios, una cifra que prácticamente supera el total de casos ocurridos en todo 2025.

A este panorama se suma la dura crítica de la diputada hacia el Delegado Presidencial Provincial de Ultima Esperanza, Líber Lazo Navarro, por declaraciones emitidas el pasado 6 de julio. Morales calificó como “reprochables e irresponsables” los dichos del delegado, quien divulgó antecedentes médicos y conductuales de un adolescente fallecido por suicidio. “Frente a una realidad tan dolorosa, lo último que necesitamos no son declaraciones irresponsables de quienes tienen el deber de proteger a la ciudadanía, sino que requerimos una política pública concreta”, sentenció la legisladora en el documento.

El oficio de la diputada Morales establece tres ejes prioritarios para abordar la emergencia sanitaria en la región. Por un lado la formación local de especialistas, solicitando agilizar los procesos para abrir la especialidad de psiquiatría en la Región de Magallanes, en coordinación directa con la Universidad de Magallanes (Umag), exigiendo un cronograma claro de gestiones pendientes.

Además requirió de información detallada sobre el estado del financiamiento para el Cosam Sur y el nuevo Cosam Norte de Punta Arenas, consultando específicamente si los fondos para 2026 ya están asegurados y cuáles son los plazos administrativos para su operatividad.

Finalmente pide a la Secretaría General de la Presidencia otorgar tramitación de urgenci9a al proyecto de ley integral de salud mental, que se discute en el Congreso.

La acción fiscalizadora de Morales busca que el gobierno central no solo responda por el estado de los proyectos de infraestructura local, sino que garantice un financiamiento sostenido para los servicios de atención especializada que hoy resultan insuficientes ante el aumento de casos en la zona austral.

El documento, fechado el 8 de julio, ya fue remitido a la ministra de Salud para que informe sobre las medidas que se dispondrán para agilizar estos proyectos vitales para la comunidad magallánica.