La Ley de Reconstrucción: un cambio de paradigma

La recientemente aprobada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social marca un verdadero cambio de paradigma para Chile. Representa una oportunidad para reactivar la economía, recuperar la inversión y volver a poner el crecimiento en el centro de las prioridades nacionales, algo especialmente relevante para regiones como Magallanes.

Era previsible que este giro despertara la oposición de la izquierda. La reforma reduce la intervención del Estado, rebaja impuestos y entrega mayores espacios de libertad a quienes generan inversión, empleo y desarrollo. Es, precisamente, lo contrario del camino seguido durante las últimas décadas, cuando el aumento sostenido de la carga tributaria, las regulaciones y el tamaño del Estado coincidió con una economía cada vez más estancada, menor crecimiento y un deterioro persistente del empleo.

Hoy existen dos visiones de país claramente contrapuestas. Una insiste en ampliar el aparato estatal y aumentar el control sobre la actividad económica, como si el contexto internacional no hubiera cambiado. La otra entiende que el desarrollo depende de la libertad, la iniciativa privada y de un Estado que facilite, en lugar de obstaculizar, el progreso.

Lamentablemente, buena parte de la oposición sigue anclada en las discusiones del pasado, mientras nuestros vecinos avanzan con mayor inversión privada, mejores tasas de crecimiento y una estrategia mucho más decidida para atraer capitales y generar empleo. Chile, en cambio, pierde competitividad, retrocede en distintos indicadores y corre el riesgo de quedar rezagado si no corrige oportunamente el rumbo.

Esa misma desconexión se refleja cuando la oposición reduce el debate tributario al eslogan de que las rebajas de impuestos benefician únicamente a “los ricos”. Lo que omiten es que los impuestos también encarecen el costo de producir y, finalmente, terminan siendo pagados por todos los ciudadanos a través de los precios de los bienes y servicios.

Otra señal positiva de este cambio de rumbo es la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de los adultos mayores. El impuesto territorial resulta particularmente injusto, pues grava nuevamente un patrimonio construido con ingresos que ya tributaron. En Magallanes, entre 2019 y hoy, los avalúos y las contribuciones aumentaron hasta en un 350%, reflejando una presión fiscal que terminó castigando a miles de familias.

Las cifras explican este problema. En las últimas décadas, el presupuesto público se multiplicó por diez, el número de funcionarios se triplicó y se crearon nuevos ministerios, regiones y estructuras administrativas. Sin embargo, los servicios que reciben los ciudadanos no mejoraron en la misma proporción. Más Estado no significó necesariamente un mejor Estado.

Chile necesita un cambio de rumbo, pero también una autocrítica de la clase política. Muchas de las reformas que frenaron el crecimiento fueron aprobadas con votos de sectores de la centroderecha que, por falta de convicción o por cálculos coyunturales, terminaron respaldando políticas contrarias a sus propios principios.

Lo más valioso de esta ley no es solo su contenido, sino la señal que envía. Chile enfrenta un acelerado envejecimiento de su población, menores tasas de natalidad y una economía que ha perdido dinamismo. Si persistimos en las recetas que nos llevaron al estancamiento, estaremos legando un país con menos oportunidades y mayores dificultades a las próximas generaciones. Recuperar el crecimiento no es solo una decisión económica; es un acto de responsabilidad y solidaridad con quienes heredarán el Chile del mañana.