Concesionaria de Zona Franca asegura que el debate sobre su futuro debe basarse en datos y no en juicios

• La discusión surgió en medio de la preparación de la próxima licitación para la operación del recinto, proceso que aún depende de la determinación que adopte el Ministerio de Hacienda en Santiago y respecto del cual el Gobierno Regional adelantó que la idea es impulsar un nuevo concurso.

Através de una declaración pública, Sociedad de Rentas Inmobiliarias, administradora del contrato de operación de Zona Franca, salió al paso de los cuestionamientos esgrimidos por consejeros regionales y diputados de la región acerca de cómo se ha llevado a cabo esta concesión, que finaliza en 2030. El debate surgió en medio de la preparación de la próxima licitación para la operación del recinto, proceso que aún depende de la determinación que adopte el Ministerio de Hacienda en Santiago y respecto del cual el Gobierno Regional de Magallanes adelantó que la idea es impulsar un nuevo concurso.

Desde Rentas Inmobiliarias pidieron que este debate se realice sobre la base de antecedentes “concretos y verificables que contribuyan a un debate informado sobre su gestión y su futuro”. Recordaron que obtuvieron la licitación tras un concurso público, cuyas bases fueron confeccionadas por el fisco de Chile, y que recibieron todas las autorizaciones que el Estado exige.

“Hemos ejecutado el contrato -con responsabilidad y rigor- durante casi veinte años, con inversión propia, sin aporte fiscal y asumiendo la totalidad del riesgo operativo y comercial”, indicó la administradora.

Señaló que, desde el inicio de la concesión, la superficie arrendada se multiplicó por 2,27, hasta alcanzar los 223 mil metros cuadrados; las visitas anuales aumentaron de 3,5 a 10,1 millones; las ventas de los locales llegaron a $300.000 millones en 2025, casi cuatro veces el nivel inicial; y el empleo directo alcanzó los 2.775 puestos de trabajo, de los cuales el 53% son ocupados por mujeres, el doble que al comienzo de la concesión. Agregó que el 70% de la superficie incorporada se concentra en el último quinquenio. “La Zona Franca de Punta Arenas es, en los hechos, un instrumento de política pública”, precisó la
concesionaria.

Aporte al Gobierno Regional

Asimismo, aclaran que el aporte que cada año realizan al Gobierno Regional es verificado por una auditoría externa
independiente. Recordaron que la supervisión de esa ejecución se ejerce a través de la Comisión de Seguimiento que establece el propio contrato y que “a esa tarea hemos contribuido por sobre el estándar exigido, aportando voluntariamente informes de ingresos y estados financieros auditados bajo norma IFRS”.

“Por eso compartimos el
criterio de quienes piden sustento técnico y documental antes de emitir juicios: la evaluación rigurosa es precisamente lo que aportamos”, añaden desde
Rentas Inmobiliarias.

En su declaración pública
argumentan que la región conoció otros modelos de administración del recinto franco que concluyeron “con escasa competencia, oferta acotada, restricciones al mix comercial y un precio de concesión que representaba una fracción del actual”. “Son hechos de registro público y los magallánicos los conocen bien, aunque no siempre estén presentes en la discusión”, expresan.

“El proceso que culmina en 2030 debiera resolverse como lo que es -una decisión de política pública sobre el futuro productivo de la región- y no como una controversia sobre el pasado”, plantean, haciendo un llamado a pensar en una Zona Franca más moderna, más diversa y más integrada al desarrollo
regional.