Eliminar las contribuciones para los adultos mayores: Un Acto de Justicia

En 1960, un devastador terremoto asoló el sur de Chile. Para enfrentar la emergencia, el Estado implementó un impuesto a las viviendas: “las contribuciones”. Se prometió entonces que sería una medida temporal y excepcional destinada exclusivamente a la reconstrucción, razón por la cual también los avalúos fiscales no se actualizaban a la realidad del mercado. Sin embargo, las voraces ambiciones impositivas de los gobiernos no conocen límites y vieron en este mecanismo una oportunidad permanente para aumentar los ingresos del Fisco.

Como tantas veces en la historia de nuestro país, lo “transitorio” terminó convirtiéndose en definitivo. Un fenómeno similar ocurrió con el impuesto específico a los combustibles tras el terremoto de 1985, con el “noble” propósito original de financiar la reconstrucción de la infraestructura pública destruida.

No obstante, en el caso del impuesto territorial, existió un agravante drástico: las contribuciones se transformaron con los años en un mecanismo de verdadera asfixia fiscal para cientos de miles de familias chilenas.

Hoy, más de seis décadas después, este gravamen no solo persiste, sino que se ha distorsionado hasta volverse un cobro abusivo, injusto y desproporcionado. Los gobiernos en Chile parecen haberse acostumbrado a engañar a los contribuyentes, perpetuando ingresos fiscales impuestos bajo la promesa de una temporalidad que jamás se cumplió. Resulta evidente que en nuestra patria las reconstrucciones son interminables o bien las autoridades de turno se niegan a perder las arcas extraordinarias generadas por estos tributos de emergencia que ayudan a financiar su populismo institucional destructivo.

Dada nuestra condición histórica de país azotado constantemente por catástrofes naturales, resulta alarmante la continua invención de estos ingeniosos tributos “transitorios/permanentes”.

Lo que comenzó como una solución puntual ante una crisis se transformó finalmente en un lastre insostenible que entre todos debemos financiar. En Chile, aunque trabajes incansablemente toda tu vida, te endeudes durante décadas para adquirir una vivienda y pagues impuestos por cada peso que ganas, el Estado te exige tributar una y otra vez por ese mismo bien. Esto ocurre desconociendo el principio fundamental de que solo se debieran gravar los ingresos nuevos. Si no puedes pagar, el sistema no muestra clemencia: se aplican multas, se acumulan intereses y se llega finalmente al remate de la propiedad. En resumen, el ciudadano nunca es realmente dueño de su hogar.

El impacto de este modelo es implacable, especialmente para regiones extremas. En la Región de Magallanes, desde 2019 a la fecha, las contribuciones se han incrementado en más de un 300 por ciento. Los gobiernos de turno asumieron este tributo como una herramienta de reforma tributaria encubierta y continua, sumamente fácil de implementar, pero profundamente dañina.

Por estas razones, es bueno dejar en claro que el Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social impulsado por el Gobierno, y que permitió liberar de las contribuciones a los adultos mayores sobre su primera vivienda, representa el comienzo de un verdadero acto de justicia. Creo que este debería ser solo el primer paso para erradicar, a la brevedad posible, un impuesto injusto para la totalidad de las familias chilenas.