Gremios de turismo critican la falta de coordinación estatal ante el reordenamiento del acceso al Paine

El reordenamiento del ingreso al Parque Nacional Torres del Paine dejó de ser un asunto exclusivo de las autoridades. A las explicaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se sumó esta semana la voz del sector turístico, que recibe de lleno el impacto operativo del cambio y que apunta a un problema de fondo: la falta de coordinación y de aviso oportuno por parte del Estado.

La pavimentación del acceso por Laguna Amarga -un contrato de Vialidad de unos 23.400 millones de pesos, con obras que se extenderán hasta octubre de 2028- obligará a redirigir el ingreso de vehículos por la portería Lago Sarmiento, de menor infraestructura.

El seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, ha sostenido que se mantendrá la conectividad mediante la continuidad de las vías entre Sarmiento y el sector de Cañadón Macho.

Por su parte, el director regional de Conaf, John Revello, situó el inicio del reordenamiento en torno al 1 de septiembre y reconoció que Sarmiento aún no está dimensionada para recibir ese flujo, con desafíos pendientes como el abastecimiento de agua.

Comprar módulos habitacionales, una nueva batería de baños y un módulo de atención de visitantes es lo que Conaf contempla adquirir de cara a reforzar la portería de este sector.

Impacto en caminos
y poca claridad

Es precisamente el calendario lo que encendió las alarmas en el sector. La gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine (HYST), Sara Adema, relató que el gremio recién fue informado en una reunión con Vialidad hace unas dos semanas. “A menos de dos meses del cierre de la ruta a Laguna Amarga y ad portas de la temporada se nos informa de esto”, señaló, y advirtió que la medida recargará tanto la portería Sarmiento como el camino por el sector Serrano. “Imagínate que en condiciones con la mitad del flujo los caminos nunca están en óptimas condiciones dependiendo del clima; imagínate ahora con el doble”, graficó.

Adema subrayó que la preocupación no es con la obra en sí, sino con la forma y los tiempos. Recordó que se trata de un proceso que se extenderá por cerca de dos años, lo que “limita mucho y complica la operación”, y que en la reunión los empresarios plantearon alternativas de mitigación que Vialidad quedó de evaluar en un próximo encuentro que aún esperan. “Estamos detenidos porque no tenemos aún ninguna claridad al respecto”, afirmó.

El reproche de la dirigenta apuntó directamente a la desconexión entre organismos públicos. “Es una crítica permanente, que ha existido desde que yo estoy en la asociación y desde antes también: las instituciones no conversan antes”, sostuvo.

A su juicio, si Vialidad tenía el proyecto, “con los primeros que tendría que haber conversado es con Conaf” para reforzar oportunamente Sarmiento, así como con la Dirección General de Aeronáutica Civil para prever un plan de contingencia en el aeródromo.

“Esas cosas es lo que uno espera de un gobierno coordinado, pero finalmente se ponen a coordinar recién cuando ven que va a haber problemas con otros servicios”, planteó.

Falta de planificación
y diálogo

La Cámara de Turismo de Última Esperanza (Catue) coincidió en el diagnóstico. Su gerente, Adriana Aguilar, calificó de preocupante “la falta de planificación y diálogo en las obras de infraestructura que se ejecutan en el territorio”, especialmente cuando afectan espacios de conservación y zonas clave para la actividad productiva y turística. La obra en Laguna Amarga, planteó, “requiere coordinación anticipada con los sectores productivos y organizaciones de conservación”.

Aguilar puso el acento en el costo concreto para las empresas. Con muy poco tiempo de aviso, dijo, las compañías turísticas “deben reestructurar costos, operaciones e informar a viajeros que ya tienen sus reservas y presupuestos definidos”. A ello sumó, al igual que Adema, el impacto acumulativo de las obras programadas en el Aeródromo de Puerto Natales, una combinación que -advirtió- “puede afectar gravemente a empresas, trabajadores y visitantes”.

Para la dirigenta de Catue, el punto no es cuestionar la inversión pública, sino su ejecución. “La inversión pública es necesaria, pero debe ejecutarse con planificación, información oportuna y diálogo”, señaló, y agregó que una mejor coordinación permitiría hacer más eficientes los recursos y evitar que “decisiones tardías terminen generando pérdidas económicas para empresas de menor tamaño y una negativa experiencia para el viajero”.

Ambos gremios comparten así un mismo mensaje hacia las autoridades: las obras son necesarias, pero el momento y la forma en que se comunicaron dejan al sector turístico contra el tiempo, en vísperas de una temporada que concentra buena parte de los ingresos anuales de la provincia. La definición de la fecha exacta del reordenamiento, aún en manos de Vialidad, y la reunión de mitigación que HYST dice seguir esperando, marcarán si esa coordinación llega a tiempo o si el sector deberá adaptarse sobre la marcha.