Defensa de imputados por el mural vandalizado en la Umag pide reserva de la causa y limitar su cobertura por hostigamiento en redes

La defensa de los tres jóvenes imputados por el daño al mural que, al interior de la Universidad de Magallanes (Umag), recuerda al único detenido desaparecido de la región, solicitó al Juzgado de Garantía de Punta Arenas que reserve los antecedentes de la causa y limite su cobertura pública. La petición, presentada por el abogado Pablo Chandía Ayala, será discutida en la audiencia de procedimiento simplificado reprogramada para el 7 de septiembre.

El requerimiento invoca la institución de la cautela de garantías y pide dos medidas concretas: que los antecedentes que figuran en la Oficina Judicial Virtual queden a disposición sólo de los intervinientes, y que se limite el acceso del público y de los medios de comunicación tanto a la información como a la sala de audiencia. En subsidio, y “para no interferir con la labor de prensa”, plantea que se autorice informar únicamente con las iniciales de los imputados, omitiendo cualquier dato que permita individualizarlos.

El fundamento central de la solicitud es el hostigamiento que, según la defensa, han sufrido los tres jóvenes a raíz de la exposición pública del caso. El escrito sostiene que la connotación política atribuida al hecho -los imputados declararon que su accionar obedecía a una “motivación política”- fue amplificada fuera de la esfera judicial, y que una cuenta de redes sociales difundió datos personales de los tres, lo que habría derivado en un proceso de amedrentamiento por parte de personas ajenas a la causa, incluyendo mensajes privados de tono amenazante a una de las jóvenes.

La defensa se apoya en un artículo del Código Procesal Penal, que establece que, si bien la audiencia del juicio oral es pública, el tribunal puede disponer medidas para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de quienes intervienen en el juicio. Cita también la Ley Zamudio sobre no discriminación. El abogado precisa que no afirma que el hecho investigado haya tenido o no una motivación política -”eso debió ser materia de investigación”, señala- , sino que cuestiona la trascendencia pública que se le otorgó fuera del proceso.

El caso se originó en la madrugada del 29 de noviembre de 2025, cuando el mural conmemorativo -que recuerda a Silvio Francisco Bettancourt, único detenido desaparecido de Magallanes- fue cubierto con pintura blanca. La Fiscalía, encabezada por la fiscal jefe Johanna Irribarra, presentó un requerimiento por el delito de daños simples vía procedimiento simplificado, solicitando una pena de 541 días, mientras que la Universidad de Magallanes figura como querellante.

La decisión sobre la solicitud de reserva quedó radicada en el juez Ignacio Low Miranda, y se resolverá en la audiencia del 7 de septiembre.