El TDLC rechaza que los pescadores artesanales de Porvenir se hagan parte en la causa por colusión de la centolla

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó la solicitud de un grupo de pescadores artesanales de Magallanes para hacerse parte, como terceros coadyuvantes de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en la causa por la presunta colusión en la compra de centolla. La resolución, dictada el pasado 29 de julio, representa un revés para el sector artesanal, que buscaba participar activamente en un juicio en el que la propia FNE los identificó como los principales afectados.

En su presentación, los pescadores -en su mayoría de Porvenir y alrededores- argumentaron que la colusión imputada por la FNE, consistente en un acuerdo para fijar los precios de compra de la centolla, los perjudicó directamente por su rol de proveedores primarios en ese mercado. Sostuvieron haber sido “engañados por las empresas requeridas durante años”, con un perjuicio que, señalaron, no sólo fue patrimonial sino que alcanzó otras áreas de su calidad de vida.

El tribunal, sin embargo, consideró que esos argumentos no bastaban. En su considerando central, estimó que, más allá de la declaración de los solicitantes sobre su participación en el mercado, no había antecedentes que permitieran vincularlos, mediante un interés actual y concreto ligado a la libre competencia, con los hechos investigados. La resolución apuntó que los pescadores no acreditaron su calidad de proveedores, la existencia de contratos con las empresas requeridas ni la forma en que se habrían visto afectados por el precio de compra de la centolla durante el período investigado.

El fallo fue unánime, adoptado por los ministros Nicolás Rojas Covarrubias, quien preside el tribunal, Silvia Retamales Morales, Ignacio Parot Morales, Jaime Barahona Urzúa y María de la Luz Domper Rodríguez. Con él, el TDLC acogió lo que habían pedido las propias empresas requeridas, que se opusieron a la intervención de los pescadores.

Esas compañías -entre ellas Productos Marinos Puerto Williams (PMPW), la Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Proyecta Corp S.A., además de personas naturales requeridas en la causa- habían solicitado el rechazo con distintos argumentos. Plantearon que los tripulantes son trabajadores dependientes de los armadores y no actores del mercado relevante; que los solicitantes no demostraron haber tenido relaciones comerciales con ellas; y que la representación del interés general en el orden económico corresponde exclusivamente a la FNE, no a un grupo de particulares.

El rechazo no altera el curso del juicio principal, que continúa su tramitación. En esa causa, la FNE investiga a siete empresas que, según su requerimiento, habrían concentrado entre el 81% y el 88% de las compras de centolla magallánica entre 2017 y 2021, coordinando precios durante al menos nueve temporadas consecutivas. El organismo estima que al menos 2.000 familias resultaron afectadas cada año y ha solicitado multas que superan las 62.000 UTA, del orden de los 53 mil millones de pesos.

Lo que la resolución sí deja fuera es la posibilidad de que los pescadores sigan el proceso desde dentro del expediente. Tras haberse organizado durante meses -en un sector donde algunos dirigentes reconocieron el temor a represalias comerciales- , el grupo queda ahora sin la calidad procesal que buscaba, aunque conserva otras vías legales para perseguir la eventual reparación de los perjuicios si la colusión llega a ser sancionada.