Gobierno ingresó al Senado reforma constitucional contra el crimen organizado con tres ejes clave

• Durante la ceremonia, el Presidente Kast enfatizó que la crisis “no es atribuible a
  la gestión o no gestión de un solo gobierno” y pidió poner la seguridad “por delante”.

El gobierno formalizó este lunes el ingreso a través del Senado, con suma urgencia, del proyecto de reforma constitucional contra el crimen organizado y el terrorismo, iniciativa enmarcada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada por el Presidente José Antonio Kast.

Según consignó La Tercera, la propuesta reabre la discusión sobre la Carta Fundamental al establecer que la protección de la seguridad de las personas constituye un deber primordial del Estado.

A pesar de que tras los procesos constituyentes de 2022 y 2023 existía consenso en el mundo político sobre no insistir en debates constitucionales, el Ejecutivo argumentó que no se trata de una modificación de carácter refundacional, sino de adecuaciones precisas para dotar a las instituciones de instrumentos de persecución penal más ágiles.

En concreto, la propuesta enviada por La Moneda contempla tres modificaciones sustanciales:

Obligación estatal: incorpora la seguridad pública como una obligación del Estado en el artículo 1 de la Constitución.

Delito de pertenencia: establece un listado de organizaciones criminales y terroristas, asociado a una nueva tipificación penal de pertenencia a estas agrupaciones.

Nuevo estado de excepción: incluye un estado de excepción constitucional focalizado para barrios o polígonos delimitados con despliegue de las Fuerzas Armadas.

A estos puntos se suma el establecimiento de regímenes penitenciarios diferenciados para los líderes del crimen organizado, y el fortalecimiento de los mecanismos para la incautación y liquidación de activos provenientes del narcotráfico.

Defensa del Ejecutivo
y el oficialismo

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la conveniencia y proporcionalidad de la propuesta del gobierno, afirmando que se trata de “una reforma constitucional en tres ejes, bien acotada, para dar algunas funciones y atribuciones nuevas en términos de seguridad. Son herramientas nuevas”.

Asimismo, enfatizó además que el tema de la delincuencia debe abordarse con una lógica distinta a los debates económicos, subrayando que el Ejecutivo percibe un respaldo “más o menos amplio” en el Congreso.

En esa misma línea, el presidente del Partido Republicano y senador, Arturo Squella, respondió a los cuestionamientos -entre ellos de la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD)- que acusan un descuido de la gestión en terreno por priorizar la discusión legislativa.

“No sorprenden los comentarios de la exministra. Ella es parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista, en donde la proporcionalidad en el uso de la fuerza es la regla general, en donde eran más importantes los derechos de las personas que están privadas de libertad más que los de las víctimas”, afirmó el legislador.

“La agenda legislativa perfectamente se puede hacer en paralelo con el trabajo operativo que está liderando el ministro Arrau”, puntualizó el republicano.

Llamado del Ejecutivo
ante crisis de seguridad

Durante la ceremonia oficial de firma del proyecto en el Palacio de La Moneda, el Mandatario hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria a colaborar en la tramitación de esta agenda estructural.

“Cuando asumimos el gobierno, lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile. Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Esto no es atribuible a la gestión o no gestión de un solo gobierno”, afirmó el jefe de Estado.

Debido a eso, Kast indicó que “la invitación que le hago al Parlamento es discutir con altura de miras y poner a los chilenos por delante, poner la seguridad por delante, porque es una urgencia total de nuestra nación”.

En paralelo, las directivas de la centroizquierda se mantuvieron reunidas en el sector de París-Londres para coordinar una postura común, reclamando la ausencia de información detallada y la falta de instancias previas de discusión prelegislativa.

Al término de la actividad en La Moneda, la senadora Carvajal señaló que “hablar de acuerdo hoy es muy prematuro, estamos recién conociendo lo que va a ser el contenido del proyecto. Y en ese análisis, yo creo que ahí debe darse una discusión, por supuesto, amplia”.

En tanto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó que “se nos piden definiciones de temas que nos hemos enterado también por ustedes (la prensa). Yo no me voy a pronunciar hasta no leer el texto. Soy abogada, me gustan los papelitos, no me gusta tramitar por la prensa”.

Asimismo, dio cuenta que les “llama la atención que quienes se opusieron a ambos procesos constitucionales, hoy su principal planteamiento en materia de seguridad -y con lo que parte esta agenda- es modificando la Constitución”.

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