Informe de Unidad de Control del Gore detalla ejecución dispar del presupuesto regional

La Unidad de Control del Gobierno Regional de Magallanes presentó ante el Consejo Regional (Core) su informe correspondiente al período abril-junio.

La cuenta, elaborada por la jefa de la unidad, Daniela Elgueta Córdova, y expuesta el 13 de julio, entrega el estado de la ejecución presupuestaria regional al 30 de junio, el detalle de licitaciones no adjudicadas y un registro de las gestiones de fiscalización del período.

Al cierre del primer semestre, el presupuesto global del Gore alcanzaba una ejecución de 22,8%, con un comportamiento marcadamente desigual entre programas. El Programa de Funcionamiento (P01) registraba un 46,16%, en línea con lo esperado para la mitad del año. El Programa de Inversión Regional (P02) llegaba a 23,42%, mientras que el Fondo de Desarrollo de Magallanes (Fondema) apenas marcaba un 0,20%.

La propia Unidad de Control contextualiza ambas cifras. En el caso de la inversión regional, el informe precisa que la ejecución se vio afectada por la incorporación de $25 mil millones en junio -vía el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, Resolución N°37-, recursos que ampliaron el marco disponible y presionaron a la baja el porcentaje; sin ese ajuste, la ejecución bordearía el 31%.

Respecto del Fondema, la unidad señala que sus recursos son acumulables en el tiempo y que su eficiencia en gasto no constituye una meta institucional, y atribuía el bajo devengamiento a la tramitación de la compra de un terreno en Porvenir para desarrollo habitacional urbano, la misma operación que la Contraloría Regional terminó representando en agosto, como informó este medio. En su momento, la unidad había recomendado “reforzar el seguimiento de este programa durante el segundo semestre para asegurar su ejecución oportuna”.

Finanzas y
órgano de control

Uno de los puntos más relevantes del informe surge en el seguimiento a las solicitudes del propio Consejo Regional. Ante un requerimiento del Core para informar sobre el vencimiento de boletas de garantía asociadas a transferencias de iniciativas de inversión, la Unidad de Control dejó constancia -mediante correo del 16 de junio dirigido al Gobernador, al Administrador Regional subrogante y al jefe del Departamento de Administración y Finanzas (Daf), entre otros- de que no ha podido completar la revisión porque dicho departamento reiteró solicitudes de plazo sin remitir los antecedentes requeridos.

En ese mismo documento, la unidad plantea que el Gore no cuenta con un sistema o fuente formal para extraer el total de boletas de garantía, lo que, a su juicio, incumple estándares de suficiencia y confiabilidad de la información exigidos por el marco de control interno vigente en el sector público.

Advierte, además, que ese tipo de registros “son datos con los que se debiese contar en la inmediatez y no que se construyan al momento de su solicitud”, y enmarca la situación como una eventual infracción a la Resolución N°16 de 2015 de la Contraloría General, que obliga a registrar oportunamente los instrumentos de garantía asociados a fondos públicos. A la fecha de la presentación, el correo no había tenido respuesta formal.

Licitaciones
revocadas y desiertas

El informe reporta el estado de cinco procesos de licitación de relevancia regional que no fueron adjudicados. Dos de ellos -”Fortalecimiento de la Red Regional de Cuidados” ($70 millones) y “Diseño y Elaboración de la Política Regional de Participación Ciudadana” ($75 millones)- fueron revocados en mayo, luego de que, según el acto administrativo citado, la Subdere no emitiera comunicación oficial que acreditara la disponibilidad efectiva de los recursos comprometidos para financiar los proyectos AGES 2025 de la región.

Otras tres licitaciones del segundo trimestre no llegaron a adjudicarse: una póliza de seguro de inmueble declarada desierta por ofertas inadmisibles, un proceso de mantención de vehículos declarado desierto por ausencia de oferentes, y un servicio de confección de uniformes que permanecía en evaluación. En sus conclusiones, la unidad recomienda reforzar la revisión de las bases técnicas antes de su publicación para reducir el riesgo de ofertas inadmisibles.

Contraloría respalda a
la Unidad de Control

El apartado de materias vinculadas a la Contraloría General de la República da cuenta de que el ente contralor, mediante oficio del 12 de junio, respondió a una presentación de la jefatura de la Unidad de Control e instruyó a la administración regional a adoptar medidas para atender las solicitudes del Core. En ese pronunciamiento, la Contraloría subraya que la alta dirección debe establecer una función de auditoría interna como parte esencial de la estructura de control interno, “evitando restricciones a los auditores en el cumplimiento de su función”.

En paralelo, un segundo oficio del organismo contralor, del 8 de junio, instruyó a la seremi de Desarrollo Social y Familia iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades por una eventual infracción al deber de abstención de un funcionario, gestión originada también en una presentación de la Unidad de Control.

El informe consigna asimismo que se encuentra en ejecución una auditoría de la Contraloría Regional sobre el cumplimiento de las obligaciones asociadas al contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, y que permanecen en seguimiento observaciones de informes anteriores relativos a transferencias de recursos a entidades privadas entre 2021 y 2023.

Entre las gestiones internas del período, la unidad informa que se encuentran en etapas finales la contratación de un profesional abogado para reforzar el área y la tramitación de una eventual fusión de las unidades de Control y Auditoría Interna, a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría.