La necesaria modernización de la Zona Franca

La reciente constitución de la Mesa de Zona Franca en Magallanes marca el inicio de un proceso de trascendencia con miras a la próxima licitación del recinto en el año 2030. No se trata de un simple trámite administrativo de renovación de concesión. Estamos frente a la oportunidad de repensar, rediseñar y modernizar una de las herramientas de fomento económico y social más potentes de nuestra zona extrema. Tras dos décadas desde el último proceso licitatorio -efectuado entre 2005 y 2007-, la realidad económica, regulatoria y tributaria de Chile ha cambiado sustancialmente. Por ello, este espacio de planificación iniciado por el Gobierno Regional constituye un paso importante para sintonizar el desarrollo de Magallanes con las corrientes del comercio global.

Resulta indispensable valorar la madurez institucional con la que se ha blindado el avance técnico de esta propuesta. Luego de la preocupante decisión del Ministerio de Hacienda de pausar sus aportes financieros no reembolsables dentro del convenio original, el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) asumió con recursos propios el costo íntegro de la asesoría técnica. Esta decidida acción del organismo internacional no solo evitó que el Estado chileno gastara recursos públicos en esta fase de diagnóstico, sino que ratifica un cambio de paradigma geopolítico profundo, en cuanto a que los bancos de cooperación internacional hoy miran de manera directa a las regiones descentralizadas y a sus autoridades electas como unidades con intereses y particularidades propias del territorio, superando el histórico monopolio del nivel central.

El gran salto cualitativo que propone esta Mesa de Trabajo es la transición de un modelo centrado casi exclusivamente en el traspaso de mercancías físicas hacia una Zona Franca abierta a la exportación de servicios de alto valor agregado. Seguir la experiencia comparada de países como Uruguay, Estados Unidos o China, e incorporar servicios tecnológicos, logísticos, médicos y de soporte para las nuevas vocaciones productivas regionales -como el turismo antártico, el desarrollo portuario y las energías limpias- nos permitirá diversificar de verdad nuestra matriz económica. Esta apertura, según los análisis preliminares de la primera fase con el Bid, no requiere de complejas reformas parlamentarias que duerman años en el Congreso, sino que puede concretarse de forma ágil mediante leyes misceláneas o modificaciones puntuales, sirviendo incluso de precedente para robustecer los regímenes francos de Iquique, Palena y Aysén.

El éxito de esta ambiciosa hoja de ruta radica en su gobernanza. La convocatoria de un consejo de “sabios” que reúne a más de 40 integrantes -incluyendo a exintendentes de diversas sensibilidades políticas, usuarios históricos de la Cámara Franca, el Colegio de Contadores, el sector inmobiliario y organismos fiscalizadores como Aduanas e Impuestos Internos- consagra un genuino espíritu de “Estado-región” donde el interés general de Magallanes se impone sobre cualquier trinchera partidista o sectorial.

Los próximos cinco meses de trabajo técnico para consensuar la propuesta que se entregará en enero de 2027 exigirán la máxima rigurosidad. La región ya ha dado muestras de estar a la altura de esta oportunidad.