Gendarmería capacita a sus funcionarios sobre el uso de la fuerza con enfoque de derechos humanos

Gendarmería desarrolló en Punta Arenas un seminario de capacitación dirigido a sus funcionarios, centrado en el uso de la fuerza al interior de los establecimientos penitenciarios con un enfoque de derechos humanos. La actividad se enmarca en la actualización de la normativa institucional que regula esta materia, impulsada a nivel nacional.

Roberto Cordero, del departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la dirección nacional de Gendarmería, explicó que la capacitación forma parte de una planificación que reformuló la resolución que rige el uso de la fuerza dentro de las unidades penales. La normativa anterior, señaló, debió actualizarse “en función de todos los cambios que hemos venido viviendo como sociedad y como institución”, incorporando los estándares de la normativa internacional en derechos humanos.

El expositor detalló que el uso de la fuerza está legalmente reservado a ciertos organismos del Estado y debe ejercerse dentro de un marco que establece cuándo corresponde emplearla y cuándo no, sobre la base de principios como la excepcionalidad y la proporcionalidad. “Nosotros no podemos usar la fuerza si no hay una resistencia activa de parte de alguien”, precisó, y agregó que un mal uso conlleva sanciones dentro de la propia legalidad interna del país. “Tenemos todo un marco regulatorio que nos permite usarla, pero que también nos castiga si la usamos de mala manera”, planteó.

Consultado por la situación regional, Cordero señaló que, según su percepción, Magallanes registra menos denuncias por posibles vulneraciones que otras regiones de mayor tamaño, como la Metropolitana o el Biobío. Destacó, además, el interés del personal local por profesionalizarse. “Mi sensación es que acá hay mucho interés de parte de los funcionarios en profesionalizarse y en conocer la normativa, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no”, indicó.

El profesional agregó que el Departamento realiza un seguimiento de eventuales vulneraciones en coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y que asesora a las direcciones regionales con un enfoque preventivo. “La idea es, primero, que no suceda; y si pasa, aplicar las sanciones que correspondan a quienes no estén cumpliendo”, concluyó.