Prueba Pisa y el fantasma de la precarización escolar en Magallanes

Los recientes resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Pisa 2025) han encendido una alarma insoslayable sobre el estado de la educación en Chile.

La medición expuso un preocupante retroceso generalizado en las competencias fundamentales de los estudiantes de 15 años: una caída de 12 puntos en comprensión lectora (descendiendo a 436 puntos), un mínimo histórico en matemáticas con 403 puntos -donde un dramático 59% de los alumnos no alcanza siquiera el nivel básico de competencia- y una modesta contracción en ciencias. Estas cifras no son un tropezón coyuntural. Corresponden a una curva descendente sostenida en la última década, cruzada por serias dificultades de distracción digital en el aula y por una alarmante escasez de alumnos en niveles de desempeño sobresaliente, los que apenas llegan al 2,6% en el país.

Sin embargo, pretender resolver esta crisis de aprendizaje reduciéndola a un debate teórico de currículo o culpando a las familias y docentes es ignorar la gravedad del problema. Como bien se ha señalado desde la academia, la comprensión y el razonamiento requieren condiciones materiales reales y un acompañamiento efectivo dentro del aula.

Es precisamente en el plano territorial donde la retórica del nivel central colisiona de frente con la dura realidad que viven las regiones extremas.

En Magallanes, los inquietantes indicadores de Pisa adquieren un rostro dramático cuando se examina la gestión de la educación pública bajo la administración del Servicio Local de Educación Pública (Slep). Mientras se exige elevar los estándares de aprendizaje, las comunidades educativas locales enfrentan una permanente asfixia presupuestaria que amenaza el sistema escolar regional. La falta de recursos no es sólo un ítem contable en las planillas del Slep. Es una deficiencia que se traduce diariamente en aulas desatendidas y en una creciente precarización de la labor docente.

Resulta inaceptable y contradictorio que, frente a un escenario de emergencia pedagógica, la respuesta administrativa sea la denuncia sistemática que hoy realizan diversos colegios de la zona: el despido de profesores suplentes y la improvisada reasignación de horas de docentes para tapar agujeros y suplir ausencias en otros establecimientos.

Esta política interrumpe los procesos de enseñanza, quiebra la continuidad de los aprendizajes, destruye los vínculos comunitarios en las escuelas y sobrecarga laboralmente a un profesorado golpeado por la incertidumbre.

No se le puede exigir a los estudiantes magallánicos que comprendan mejor lo que leen o que resuelvan problemas complejos de matemáticas si las escuelas públicas de la región enfrentan un escenario incierto.

Defender la educación en Magallanes exige inyectar los recursos necesarios al Slep, garantizar la estabilidad de los equipos docentes y entender que la soberanía pedagógica de la zona austral no se construye con recortes presupuestarios ni parches administrativos, sino con inversión digna, estabilidad laboral y un compromiso del Estado a la altura del desafío.