Bandas criminales y compra de terrenos en la Patagonia

La reciente advertencia expuesta por el Ministerio Público argentino ante la Comisión de Seguridad del Senado chileno, reunida en la Región de Magallanes, ha encendido una profunda alarma sobre la vulnerabilidad de nuestras fronteras.

La denuncia de que bandas criminales estarían adquiriendo predios en la Patagonia trasandina cercanos a la frontera para controlar pasos no habilitados y utilizarlos en la comisión de ilícitos hacia Chile representa una amenaza inédita para la seguridad e integridad territorial de nuestra región y el país, en general.

La gravedad del asunto trasciende con creces la esfera del contrabando tradicional. Según se informó en la instancia legislativa, el trabajo coordinado entre autoridades trasandinas y policías chilenas permitió detectar que estas organizaciones buscan instalarse en sectores estratégicos donde la presencia del Estado es más débil, facilitando delitos que van desde el contrabando de cigarrillos hasta la trata de personas. Permitir que grupos delictivos dominen accesos clandestinos equivale a ceder la soberanía sobre el tránsito fronterizo en zonas de alta sensibilidad geopolítica.

Ante este diagnóstico, la reacción gubernamental no admite contemplaciones ni demoras. Como bien advirtió el senador Pedro Araya, el Gobierno no puede limitarse a observar o esperar a que el problema avance, pues el crimen organizado prospera precisamente en los espacios que las instituciones dejan abiertos.

La señal soberana debe ser firme e inmediata, pues no es concebible que en nuestras fronteras existan territorios donde las organizaciones criminales ejerzan un mayor nivel de control que el propio Estado. Se requiere una acción anticipada y coordinada para neutralizar esta amenaza antes de que se arraigue en la Patagonia y resulte mucho más difícil de enfrentar.

Lamentablemente, hasta el momento estamos ante un hecho indesmentible: el Estado y sus instituciones están siendo ineficientes en el control del avance del crimen organizado en Magallanes. Lo que antes veíamos como un fenómeno lejano y un problema de otras regiones del país, hoy es una cruda realidad. Nuestro extenso territorio, el cruce fronterizo sin mayores obstáculos geográficos y la escasa presencia de los entes fiscalizadores y policiales son elementos que hacen de nuestra región un espacio propicio para la operación de estos grupos transnacionales.

Esto se ha venido denunciando con reiteración en la última década. Bajo un gobierno que hizo de la seguridad pública uno de los ejes de campaña, sólo cabe esperar que, desde la delegación presidencial regional, se ejerza un liderazgo efectivo y que se presente un plan regional ad hoc, con una inversión pública que pueda sostener sus acciones.