Exdirigenta de agrupación habitacional niega delito de estafa

“¿De qué estafa me hablan?”, se preguntó la exdirigenta de la agrupación habitacional “Por un Futuro Mejor”, Marisel Henríquez Aguayo.

Desmintió categóricamente un supuesto aprovechamiento o que la entidad buscara perjudicar a los postulantes a viviendas.

Llegó a la redacción de La Prensa Austral a limpiar su nombre, aunque en la información publicada ayer no se identificó a nadie en particular.

Sólo se dio cuenta de las declaraciones de la fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, y diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, respecto a la investigación en curso por la presunta estafa que sufrieron a lo menos 300 personas, a quienes les pidieron pagos de un millón de pesos por persona, para trámites conducentes supuestamente a obtener la casa propia. Más cuotas mensuales. Sueño que nunca se concretó porque, según el Ministerio Público, todo se trató de una estafa.

Todas las víctimas pertenecieron a esta agrupación habitacional, quienes al querer salirse nunca les devolvieron el dinero.

Lo primero que aclaró Marisel Henríquez es que cuando se hicieron los cobros de dinero ya no pertenecía a la cuestionada agrupación.

Y los cuestionamientos los atribuye a “un acoso político”, porque, según  su versión de los hechos, “todo esto empezó con la señora Roxana Gallardo (consejera regional) que incitó a la población de que nosotros éramos (con la hija) unas estafadoras, el año 2022, cuando se enteró de que estábamos formando una agrupación habitacional”.

Una persecución, según ella, que viene de hace tres años y por lo mismo desconfía de todos.

“Incluso pienso que hasta me pueden mandar a matar. Lo digo así y ojalá lo coloque así, porque con mi hija arriesgamos a que nos pueda pasar algo.